Los transportistas que protagonizaron el lunes un mayúsculo desorden en la Máximo Gómez con 27 de Febrero se han excusado ante el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet). Pero la excusa no debe ser óbice para que se actúe contra los responsables de violar la ley y alterar el orden público.
Los transportistas, de quienes se pensaba que estaban más que satisfechos con las facilidades que, en desmedro del contribuyente les otorgó el Gobierno, no están por encima de las leyes.
El director de Amet, general Juan Brown, debe proceder contra los transportistas tanto en aras de la seguridad jurídica como de la paz y el orden públicos. El costo político no puede condicionar su decisión.
De dejar que los conductores tomen las calles en protesta por la aplicación de la ley se corre el riesgo de estimular la anarquía y el desorden. No puede haber tanta impunidad, que se disfraza con un caramelito de supuesto arrepentimiento. Como golpe de pecho.
El Nacional
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