A 10 años de la promulgación de la Ley de Seguridad Social, los principales gerentes del sistema estiman que se han logrado grandes avances, que se expresa en que el 46 por ciento de la población tiene cobertura, pero persisten obstáculos y una feroz resistencia y malas intenciones de grupos por intereses económicos.

Los avances se expresan en grandes cifras, que hablan de que los fondos de pensiones suman más de 130 mil millones de pesos; cotizan a la seguridad 40 mil empleadores y está el reto de llevar a esa categoría a otros 45 mil, en su mayor parte pequeños y medianos; hay afiliados al régimen contributivo dos millones 580 mil trabajadores que cotizan a la seguridad social; otros dos millones 800 mil reciben asistencia médica, muchos por primera vez, a través del régimen subsidiado. Para el próximo año está la meta de lograr 1.4 millones de nuevos afiliados.

Las grandes cifras se van al suelo en el caso de la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA), que tiene bajo su responsabilidad mantener informados a los afiliados de sus derechos, ayudarlos a defenderlos y divulgar entre ellos los beneficios y buenas nuevas que surjan.

Su presupuesto es de apenas 90 millones de pesos al año; sólo tiene ciento y algo de empleados para cumplir esa función; aun no ha podido expandirse a todo el país y lo peor, su presupuesto para educar a los afiliados es de apenas un millón de pesos al año, y para colmo, se le redujo en un 12 por ciento su presupuesto, por austeridad.

Pese a esa precariedad, se le considera una de las entidades que mayor contribución ha realizado para lograr que los afiliados al sistema conozcan y defiendan sus derechos, y hacer los reajustes a la ley, a través de resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) amplíen y garanticen los mismos, en fin, para algunos, es una especie de piedra en los zapatos.

Los datos relacionados con el sistema dominicano de la seguridad social fueron ofrecidos por los principales gerentes del mismo al participar como invitados al almuerzo semanal del Grupo Corripio.

Participaron en el mismo, Julio Zans, viceministro de Trabajo y presidente en funciones del CNSS; Rafael Pérez Modesto, gerente general del CNSS; Henry Sadhalá, director de la Tesorería de la Seguridad Social; Nélsida Malmolejos, directora de la DIDA y los superintendentes de Pensiones, Joaquín Gerónimo y de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño.

En términos generales se coincidió en que los avances logrados por el país en una década, superan los alcanzados en otros países por procesos que se iniciaron cinco o seis décadas atrás.

Todos coincidieron en que se trata de una ley de difícil implementación, complicada aún más por la existencia en ella de la figura del régimen contributivo-subsidiado, que iría en beneficio de trabajadores informales.

La joya de la corona, obviamente, estiman que es la parte de salud. Los éxitos alcanzados en cobertura a la población son espectaculares, pero insostenibles financieramente en el mediano y largo plazo.

Esto porque el inicio del seguro familiar de salud, postergado durante años por presiones de grupos de intereses, se inició con un acuerdo provisional que obvió que la forma de ingreso del afiliado al sistema sería a través de los centros de atención primaria, al cuidado de médicos generales. Se prefirió iniciarlo con la estructura existente, donde el ingreso es a través de especialistas.

Se trata, explicaron, que de un sistema de salud preventivo, por tanto de mayor capacidad de cobertura y bajo costo, se pasó a uno curativo, o sea, que de evitar que una persona se enferme, se pasó a dejar que lo hiciera y después tener que curarlo al precio que sea necesario.

La advertencia es que, si no se va a la medicina preventiva el sistema no se podrá mantener en términos financieros.

Sobre si se deben o no mantener las Administradoras de Riesgos de Salud, la respuesta fue cortante, al estimarse que quienes objetan hoy esas entidades, debieron haberlo hecho durantre los 10 años en que se discutió la ley.