República Dominicana ha colocado bonos en el mercado global de capitales por US$1,822 millones, incluido uno en Nueva York a cinco años por 40 mil millones de pesos, equivalentes a 822 millones de dólares y otro por mil millones de dólares a un plazo de 30 años.
El ministerio de Hacienda resalta que por primera vez se emite un bono en pesos en mercados internacionales, lo que forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la exposición a la variación cambiaria, aunque ese instrumento se colocó a un plazo de solo cinco años, a una tasa de 6,95%.
Las autoridades también destacan la colocación de bonos por US$1,000 millones a 30 años, a una tasa de interés de 6,50%, lo que permitiría extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9,6 a 11,3 años, además de mantener los niveles de tasas de interés promedio.
Los más de mil 800 millones de dólares de deuda emitidos por el Gobierno están consignados en el Presupuesto General del Estado para afrontar el déficit fiscal y cumplir con el pago del servicio de la deuda pública, que suman unos 89 mil millones de pesos.
En el lenguaje más llano se puede decir que Hacienda concierta deuda a través de la colocación de bonos en dólares y pesos para pagar vencimiento e intereses de deudas antes contratadas, cuyo monto está reflejado en el nivel de déficit fiscal.
Aunque se resalta la reducción de riesgo cambiario a través de emisión de bonos en moneda local y de la colocación de instrumentos en dólares a largo plazo y tasas de interés competitivas, debería advertirse que la deuda pública ya representa el 20% de los ingresos del Gobierno.
Es menester advertir a las autoridades sobre el riesgo adicional que representa para la estabilidad financiera y monetaria, la caída libre de la Bolsa de Valores de Nueva York, el anuncio de la Reserva Federal sobre aumentar las tasas de interés y el incremento sostenido en el precio del barril de petróleo.
El único remedio posible o a la vista ante tan preocupante cuadro de volatilidad por deuda y déficit sería que el Gobierno incrementara sus ingresos hasta por lo menos un 17% del Producto Interno Bruto, además de una reducción y mejor calificación del Gasto Publico.

