La semana pasada la prensa refería el caso de Dhayana Reynoso, madre de 31 años en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, de San Cristóbal, por haber protegido a sus hijas de un violador, causándole daños que determinaron el encierro por 5 años, de los que ya ha cumplido tres.

Esta joven mujer que tomó la justicia en sus manos frente a la agresión contra sus hijas fue diagnosticada con cáncer en diciembre pasado, y su madre, reclama que las autoridades la dejen salir a recibir un tratamiento adecuado, para que no muera en la cárcel. Ella, refiere una serie de triquiñuelas, de influencias y sobornos, entre una abogada contratada por ellas y el victimario que, dice, determinaron la libertad del agresor y la prisión de su hija.

Por supuesto, frente a esta situación, abundan las preguntas ontológicas referidas a la posibilidad del resultado en un proceso penal que castiga a una madre que impide la violación de sus hijas y libera al actor criminal acusado.

Entonces, la incomodidad popular culpa al ejercicio de las personas en la justicia, donde quiera que estén ubicadas, jueces/zas, ministerio público, policías, abogados/as, etc., todas auxiliares en los procesos, encargadas del buen final del mismo.

La crítica popular puede poner la responsabilidad en la línea que se quiera: justicia, salud, educación, política y partidos, etc., porque en la realidad, es una concurrencia de todos los espacios de impulso social y, además, la interacción de otros factores de origen identitario -raza, etnia, género, situación económica y clase, etc.- que producen las más grandes desigualdades.

El sábado pasado, 3 de febrero, día internacional de abogados y abogadas, se reflexionaba sobre la decadencia social que ha desacreditado la profesión, con comentarios dolorosos y con referencias reales.
En el caso del ejercicio del derecho, las escuelas superiores están automatizadas, con curriculas desfasadas para la base de la profesión, porque -al igual que todas las carreras superiores- actualmente, hay posgrados de todo tipo que enriquecen económicamente al comercio de las academias.

Desde quien sentencia, al nivel que sea, quien investiga en cualquier rama del derecho, es decir, en la justicia entera, quien representa a personas, acusadas o víctimas, se forman en ese atraso, manejando criterios distorsionados que reafirman, precisamente, las injusticias.

Donde haya mayor aplicación responsable -que si la hay- es aconsejable crear protocolos precisos, capaces de llenar tantos vacíos y a la vez, aplicables con consecuencias.
Mientras, se trata de reformar en la formación de base.