Al Congreso de la República le corresponde conocer y aprobar todas las leyes, incluidas las referidas a los partidos políticos y al ámbito electoral, sin importar si los actores involucrados resuelven dialogar o rehúsan consensuar su contenido.

Lo sensato sería que el liderazgo partidario impulse un ejercicio dialogante para arribar a acuerdos sobre tales iniciativas para ser impulsadas por sus respectivas bancadas legislativas, pero ningún partido puede pretender suplantar atribuciones de ningún poder del Estado.

La advertencia viene a cuento porque la población expresa ya cansancio por la evidente falsía de mansos y cimarrones en la promoción de diálogo político, económico o social, que casi nunca llega a realizarse o que se convierte en interacción entre sordos.
Gobierno, partidos y sociedad civil deberían saber que la resolución de cualquier conflicto o desavenencia requiere de una expresa voluntad de escuchar, conceder y convencer en vez de pretender imponer un camino de una sola vía.

Para el afianzamiento del espacio democrático se requiere de una Ley de Partidos Políticos que garantice efectiva regulación en la financiación, igualdad en las competencias por cargos electivos y en la escogencia de los candidatos.

Urge también la aprobación y promulgación de una Ley Electoral que amplié la competencia de la Junta Central Electoral (JCE) en la regulación y fiscalización de los partidos y que confiera absoluta garantía de transparencia e imparcialidad al Tribunal Superior Electoral (TSE).

Sería insensato e imprudente pretender sacar provecho de otra naturaleza a un propósito de diálogo que debería centrarse en el compromiso de consolidar la democracia política, así como garantizar el derecho sagrado de la población de elegir libremente a sus gobernantes, por lo que el diálogo sugerido no puede ni debe ser contaminado con agendas ocultas.

La sociedad aguarda y exige que la clase política asuma plenamente su obligación de promover acuerdos sobre las leyes de Partido y Electoral, así como los pactos eléctrico y fiscal, para lo cual se requiere apartarse del circo o de querer suplantar poderes públicos.