Una de las inspecciones realizadas en un establecimiento comercial propiedad de chinos. / Archivo
Santo Domingo.– A partir de este lunes se iniciará un proceso de diálogo entre los comerciantes chinos afectados por el cierre de sus negocios y las autoridades competentes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la reapertura de las tiendas clausuradas, informó el abogado Salvador Catrain.
Catrain explicó que fue convocado junto a los empresarios a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana, tras recibir una llamada oficial, razón por la cual decidió posponer la rueda de prensa que tenía prevista ayer domingo.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente garantice la posición que ha asumido el MIVHED y por el otro lado los derechos de las empresas china que representa”, señaló.
El abogado exhortó a los medios y al público a mantenerse atentos al desarrollo de los encuentros.
“Nosotros representamos intereses, el diálogo, la conversación, los acuerdos consensuados son la mejor forma de arribar a una solución a este tipo de conflicto”, afirmó.
Aunque no reveló con qué funcionarios se reunirá, Catrain agradeció el interés de la prensa y se comprometió a informar los resultados del encuentro.
Cierre de negocios
El conflicto se originó tras el cierre irregular de las tiendas SUPLAX, ubicada en la avenida Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional, y DECOPLAX, en Santiago, donde más de 500 empleados han quedado sin trabajo, generando preocupación por lo que el abogado calificó como “un abuso de las autoridades en un mercado de libre competencia”.
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) dispuso la clausura de estos y otros establecimientos el pasado 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, alegando una supuesta falta de licencia de construcción. Posteriormente, la medida se extendió a nueve comercios adicionales de origen chino, sumando once negocios afectados.
Según los representantes legales, “el MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley. Estas acciones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país”.
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Los abogados sostienen que el MIVHED está facultado por ley únicamente para intervenir en proyectos en construcción, no en locales ya edificados y en operación, como es el caso de SUPLAX y DECOPLAX, que cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes.
Ambas tiendas habían enfrentado intentos de paralización anteriores por parte del Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Santiago; sin embargo, pese a las disposiciones, las labores nunca fueron detenidas hasta ahora.
¿Qué pasará?
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas reales del cierre. En las instalaciones permanecen agentes de seguridad privada, mientras los comercios siguen clausurados por disposición de las autoridades.
Los representantes legales denunciaron además la falta de transparencia del proceso y la inexistencia de informes técnicos que justifiquen las medidas adoptadas. Indicaron que el cierre fue ejecutado el 8 de septiembre, antes de la elaboración del informe de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONISVIE), fechado el 17 de ese mismo mes, el cual nunca ha sido entregado formalmente a las partes interesadas.
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Ante estas irregularidades, las empresas interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, acompañado de una solicitud de medida cautelar, con el propósito de suspender los efectos de las decisiones del MIVHED hasta tanto se conozca el fondo del caso. La audiencia está programada para el 16 de octubre de 2025, de forma virtual.
Las compañías afectadas aseguran estar cumpliendo con los requisitos de formalización establecidos por la ley y han contratado técnicos estructuralistas certificados por el propio MIVHED, que trabajan junto a ingenieros y asesores legales para garantizar la adecuación técnica de los locales.
Empleos en riesgo
Más de tres mil empleos se encuentran en riesgo a nivel nacional debido a los cierres, además de una significativa pérdida fiscal para el Estado dominicano.
Los representantes legales reiteraron su llamado a un diálogo constructivo entre el MIVHED y los empresarios chinos, que permita la reapertura temporal de los comercios durante el proceso de regularización.
De esa manera, señalaron, se evitarían daños económicos innecesarios, pérdida de empleos y un deterioro en la confianza de la inversión extranjera.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo…”, insistió el abogado Salvador Catrain, confiando en que la vía del entendimiento permitirá resolver un conflicto que ha puesto a prueba la seguridad jurídica y la estabilidad empresarial en la República Dominicana.
