El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, desbordó sus atribuciones al solicitar la revocación del archivo definitivo contra el senador Félix Bautista, a juicio del ex Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo doctor Abel Rodríguez del Orbe.

El ex Procurador General, y abogado de Bautista, acusa a Domínguez Brito de violar la Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público, en lo relativo al ámbito de actuación, principios de objetividad, de responsabilidad, unidad de actuaciones y el principio de indivisibilidad, consignados en los artículos 4, 15, 20, 21 y 22.

En carta a El Nacional, Rodríguez del Orbe precisa que no puede el Procurador, ni bajo la ley ni al amparo del derecho, pedir la revocación de un Auto emanado del propio Ministerio Público.

Agrega que la pretendida solicitud del Procurador violenta los artículos 25, 89, 281, 393, 394 y 395 del Código Procesal Penal, que disponen que solo pueden objetar la decisión del archivo, definitivo del DPCA, el imputado y los denunciantes, pero nunca el propio Ministerio Público, por violaría el principio de unidad de actuación.

Expone que en el artículo 22 de la ley orgánica del Ministerio Público se establece que este es único e indivisible. Sus miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y representación del Ministerio Público.

La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), dictó el archivo definitivo, en un documento de 93 páginas, 38,527 palabras y 244,215 caracteres sin espacios, luego de una amplia investigación donde se analizaron las ofertas probatorias, los supuestos fácticos, las pretensiones, los contenidos normativos presuntamente violados, los artículos del Código Penal, Procesal Penal, y la Constitución de la República, supuestamente violados por el legislador.

Argumenta que la solicitud del Procurador General transgrede los artículos 40.15, 68, 69 y 173 de la Constitución, relacionados con el sistema de carrera del Ministerio Público, la libertad y la seguridad personal, las garantías de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Rodríguez del Orbe dice que reclamamos en nombre del senador Félix Bautista su derecho a la legítima defensa, el respeto a la Constitución y las leyes, pues en el expediente de marras, no hay ni un solo hecho que comprometa su responsabilidad penal. Todas son difamaciones, injurias y calumnias, orquestadas durante la pasada campaña electoral.