Familiares de un seguridad que labora en una discoteca de la avenida Venezuela, en la provincia Santo Domingo, denunciaron este viernes que su pariente está preso por orden de un fiscal que se presentó tomado al establecimiento comercial y se resistió a que lo registraran.

Se trata de Víctor Alexander Cruz Sánchez, seguridad de la discoteca Giesai, ubicada en la avenida Venezuela, de la provincia Santo Domingo.

En visita a El Nacional, su madre Crucita Pérez y sus hermanas Evelin de la Cruz y Eismaría Pérez denunciaron que el incidente se produjo con el fiscal Francisco Rodríguez, de Villa Duarte, y que por ese hecho su pariente fue enviado a la cárcel por tres meses con una fianza de un millón de pesos.

Narraron que el fiscal Francisco Rodríguez hizo preso injustamente a su pariente, porque éste se resistió a dejarlo entrar a la discoteca porque no se quería dejar registrar.

Manifestaron que el fiscal Rodríguez se presentó a la discoteca como un ciudadano normal y que el seguridad De la Cruz Sánchez no lo dejó entrar, porque no se quería dejar revisar.

El señor fue como un ciudadano normal, iba normalmente a ese lugar, y mi hermano trabajaba como seguridad en la discoteca, el es un estudiante de publicidad. Mi hermano no lo dejó subir porque no se quiso dejar revisar y todo el mundo que va a la discoteca lo revisan, pero él no quiso dejarse revisar, narró Evelin de la Cruz, en visita a la redacción de El Nacional.

Sostuvo que el fiscal andaba solo y sin escolta, por lo que nadie sospechó que se trataba de una autoridad, en vista de que, además, no se identificó.

Sostuvo que el fiscal estaba tomado y que en ningún momento se identificó, lo que provocó un forcejeo, en donde éste intentó sacar un arma de fuego.

Dijo que en medio de la refriega, el fiscal intentó ahorcar a su hermano y que éste lo que hizo fue abrazarlo para no agredirlo, pero que aún así intentó sacar un arma de fuego.

Manifestó que tras el hecho, el fiscal alega que le rompieron el vidrio del carro, que le rompieron dos dedos, la ropa y que el fue al lugar, porque le dijeron que allí habían menores trabajando.

Declaró que lo peor del caso es que cuando le conocieron la medida de coerción le impusieron tres meses de prisión y el pago de una fianza de un millón de pesos.

Sostuvo que se trató de una maldad, en vista de que a los demás seguridad les impusieron fianzas a pagar a través de una aseguradora.

Dijo que todos los demás miembros de la seguridad están en libertad, pero que De la Cruz Sánchez sigue preso, porque el millón de pesos a pagar debe ser en efectivo y ellos no lo tienen.