La práctica de establecimientos comerciales de la parte alta de la capital de publicar en vitrinas fotos de personas que las cámaras de seguridad captan robando, constituye un delito que conlleva penas de 3 a 7 años de reclusión para sus propietarios, consideran abogados y activistas de los derechos humanos. Varios abogados opinan que esa práctica debe ser sancionada porque constituye una “flagrante” violación a derechos fundamentales y a la presunción de inocencia de la que goza todo individuo, hasta que se produzca una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada.

Para los abogados Carlos Olivares y Domingo Porfirio Rojas Nina esa es una acción que debe ser repudiada por la sociedad dominicana porque viola principios constitucionales.

Rojas Nina consideró que existe apatía y negligencia de parte de las autoridades para perseguir los negocios que incurren en ese delito que dijo lacera la dignidad de personas, sin una condena.

“Ese hecho es un delito sancionado por la ley, y aún es más penoso, porque los agraviados no se hayan querellado, pero a pesar de ello, hay una indiferencia que genera hastío de las autoridades para enfrentar esa situación”, precisó.

El activista de los derechos humanos lamentó que en un caso de esa dimensión violatoria no se haya ejercido la acción pública.

“Ojalá que las autoridades comiencen ya a penalizar esa tragedia que perjudica y lacera los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esa situación violenta y fulmina los derechos humanos, derechos fundamentales de la esencia de la vida y de la herencia histórica que corresponde a cada ciudadano, a cada pueblo y a cada nación”, enfatizó Rojas Nina.

Privativa de libertad

El abogado Carlos Olivares entiende que publicar fotos de personas, que lo que son es acusados, constituye un delito que es castigado con pena de 3 a 7 años de prisión.

“Esa es una práctica ilegal, ya que nadie tiene el derecho de publicar el rostro de una persona imputándole alguna acusación”, consideró Olivares.

El penalista argumentó que la Constitución de la República establece que cada persona es inocente hasta que se produzca una sentencia definitiva que establezca su responsabilidad en un hecho.

“Estos comerciantes son pasibles de ser sometidos a los tribunales por esa ilegal acción, porque están violando el derecho de esos individuos”, indicó.

Cree que esas personas que son atrapadas robando en los citados negocios son simplemente acusados, hasta que se determine su culpabilidad en un juicio público.