Cursis y casi lacrimógenos mensajes en los diarios y medallas entregadas en algún salón del Palacio Nacional, no alcanzan para ocultar la realidad: el docente dominicano es maltratado por un Estado que desconoce su obligación de brindar a las mayorías educación de calidad, y por un empresariado para el cual la educación es un jugoso negocio y no una responsabilidad social.

Alrededor de 75 mil maestros y maestras en el sector público y poco menos de 25 mil en el sector privado, perciben sueldos que van desde 7 mil (o poco menos por una tanda) hasta 35 mil pesos. Este último monto sólo para un grupo que han sido contratados para jornadas de más de 8 horas, y que además deben probar que tienen muchos años de experiencia y títulos de cuarto nivel (especialidad y maestría).

Es evidente el contraste con los sueldos que perciben los altos funcionarios, incluso los de Educación. Estos protegidos del poder político y de la clase dominante tienen ingresos mensuales superiores al medio millón de pesos, que se suman a los privilegios y a los estímulos económicos que, por varios medios, se autoasignan.

El actual secretario de Educación expresó a finales del año pasado que esa institución no tiene planes concretos que la pongan en condición de hacer uso eficiente de una asignación presupuestaria como la establecida en la Ley General de Educación. Y es que, a pesar de que fue dirigente del gremio que agrupa a los docentes del sector público, la Asociación Dominicana de Profesores, Melanio Paredes sigue la línea de sus antecesores. No marca la diferencia.

El presidente Leonel Fernández, como jefe de la Administración Pública, no tiene inconveniente alguno en mantener en el sector bajos salarios para quienes realizan el trabajo y privilegios irritantes para los altos funcionarios.

En los colegios privados, maestros y maestras perciben por tanda un sueldo en muchos casos inferior al mínimo del sector público. En algunos centros, muy pocos, hay sueldos más altos para los docentes, pero con exigencias superiores, por lo cual nunca se pueden calificar como justo pago. Además, mediante medidas administrativas y maniobras legales, se les despoja del derecho a recibir una pensión y a cobrar en vacaciones. ¡Es como trabajar a destajo!

Otorgar medallas y emitir discursos el 30 de junio, es, pues, para los poderosos, la pose protocolar que se les obliga a asumir. Por eso se alcanza a ver la hipocresía.