Los grandes compromisos con el pasado impiden que muchos dominicanos se creen mayores expectativas con la presente administración de Danilo Medina. Y en lo inherente a los grandes actos de corrupción, registrados en el gobierno pasado, se apuesta a la impunidad.

De todos modos, merece saludo sincero el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, al solicitar a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia anular el auto dictado el 13 de agosto a favor del senador Félix Bautista, de una serie de acusaciones formuladas por entidades políticas y de la sociedad civil.

A Félix Bautista se le acusó de malversar más 112 millones de dólares. Además, se le imputa, junto al doctor Leonel Fernández, de la autoría de la desaparición de 130 millones de dólares por concepto de contrato con la Sun Land.

Sin embargo, todas las denuncias y querellas en contra de Bautista fueron desestimadas por el Ministerio Público, encabezado por Radhamés Jiménez, joven abogado que tiene el mérito único de haber pertenecido a la oficina de Leonel Fernández.

Radhamés Jiménez, en el tiempo que estuvo en la procuraduría, no sometió a ningún funcionario a los tribunales, pero si cobraba su sueldo religiosamente. Nadie tiene más derecho que el de cumplir con su deber, dijo Auguste Comte.

Percibo que Francisco Domínguez Brito tiene un crédito público bien ganado en la sociedad dominicana, pero el retomar el caso Félix Bautista implica investigar también al padrino del senador, por lo que procede la siguiente pregunta: ¿Es una línea del gobierno o una decisión particular del procurador? Esperemos.