En nuestro país, como en casi todo el continente, un fenómeno está presente con firmeza en todos los órganos del Estado: el fenómeno de la corrupción. La corrupción ha arropado la sociedad dominicana en todas sus partes, ella está determinando la vida política, económica y social de la nación. Nada escapa a ella, hasta el punto de que el corruptor, el corrompido, el pútrido determina el accionar político dominicano.

Es una figura política de primer orden aquel que en el seno de los distintos partidos tradicionales tiene como línea la depravación, la perversión, el soborno, el cohecho, podrir y dañar a los demás. Por tal motivo es que se ve como normal que el traficante de indocumentados llega a ser Presidente del Senado, de la Liga Municipal y hasta puede ser Presidente de la República, o que un criminal se destaque como ideólogo político, presida la Junta Central Electoral y represente a nuestro país ante el Papa y también se mueve en los medios de comunicación como si fuera continuador de la persona de la Madre Teresa de Calcuta.

Está comprobado que en nuestro medio social quien por vías ilícitas se inserta en el Estado llega a escalar las más altas posiciones sin importar que sea como Presidente de la República, del Senado o de la Cámara de Diputados o como máximo representante de los ayuntamientos.

El enriquecimiento ilícito, la sustracción de fondos públicos constituye la fuente primaria del liderazgo político nacional hasta el punto de que sólo pueden competir con posibilidad de éxito en los procesos electorales quienes han pasado por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo o han ocupado una función en la cual se maneja dinero del erario.

No hay igualdad de posibilidades entre los politiqueros que han acumulado dinero mediante el saqueo de los dineros del pueblo y aquéllos que llegan a la política como una actividad decente para accionar en beneficio del pueblo. Partiendo de esta realidad es muy difícil que en estos momentos el Estado dominicano ponga al frente de sus instituciones a personas con vocación de servicio, honradas, decentes, decorosas y dignas.

Por muy corrompida que esté la sociedad siempre hay sectores que se preocupan por buscar mecanismos legales que sancionen las acciones pecaminosas, aunque en nuestro país la profundidad de la corrupción es de un grado tal que las disposiciones legales resultan ineficaces. Si lanzamos una mirada retrospectiva nos daremos cuenta que en nuestro país no han faltado medios legales que tienen por objetivo sancionar los actos de corrupción.

La democracia dominicana ha sido tan penetrada por la suciedad de la politiquería que aquí constituye una mala palabra identificar como ladrón, corrupto y degenerado a quien se ha enriquecido con los recursos del Estado.

A quien llega al poder, hay que llamarle don, señor, tratarlo como honorable, aunque sea sólo un truhán. En nuestro medio, truhanería y politiquería son la misma cosa. Al politiquero hay que llamarlo Don Truhán y no Don Politiquero.