POR: Demetrio Miguel Castillo
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¿Ambientales?

Agencias de la ONU, industrias, economistas, un número creciente de consultoras y ONG conservacionistas repiten, cada vez con mayor urgencia, que funciones tales como la filtración de agua que cumplen los bosques y suelos, el almacenamiento de carbono en los suelos y la vegetación, la biodiversidad, la polinización de los cultivos que realizan las abejas, etc., son de crucial importancia para la humanidad y, por consiguiente, deben ser conservadas.

Lo que proponen para lograrlo parte de la creencia de que la única forma de lograr que la naturaleza sea valorada y protegida es volver visible, en términos económicos, el valor de las funciones que cumple gratuitamente.

Afirman que cuando los mercados de capital, los políticos y las corporaciones vean el enorme valor económico de lo que llaman “servicios ecosistémicos”, será más fácil exigirles que protejan a la naturaleza.

Hay quienes proponen también que ese valor económico que, aparentemente, no ha sido percibido por los gobiernos, las transnacionales y el capital financiero, se utilice para financiar la protección de la naturaleza, pagando por dichos “servicios ambientales” (PSA). Siguiendo esa lógica, todo lo que se necesita para que cese la destrucción ambiental es una naturaleza que pueda ser vista por el capital. Sin embargo, otra manera de considerar el pago por “servicios ambientales” es considerar que forma parte de un proceso por el cual el capital financiero dominará aún más sobre el uso de la naturaleza y sobre quién controla el acceso a los territorios; a este proceso se le llama financierización de la naturaleza.

Desde este punto de vista, lejos de disminuir la destrucción, la naturaleza percibida por el capital se convierte en parte integrante del mantenimiento de un sistema económico que necesita destruirla para sobrevivir. Para ello, se empieza por reducirla a unidades de “servicios ecosistémicos”, y éstos se convierten a su vez en nuevos elementos que los mercados de capital pueden comercializar.

El PSA es cada vez más un “pago que autoriza a destruir”. Con el fin de implementar esos pagos que dan permiso para destruir, la naturaleza con toda su complejidad, sus interconexiones, su diversidad y carácter único, es presentada en unidades de “servicios ecosistémicos” a un punto tal que sobrepasa ampliamente la mercantilización que requerían los programas de PSA anteriores.

Las empresas pueden comprar certificados (también llamados “créditos de compensación”) que garantizan que el “servicio” en cuestión está protegido en algún lugar, a cambio del permiso de destruir una parte “equivalente” de naturaleza ubicada en otro lugar.

Una empresa minera no podría conseguir permiso para agrandar su mina dentro de un área protegida donde la extracción está prohibida por ley, a menos que compre “compensaciones de biodiversidad” con el fin de salvar más biodiversidad en otra parte, para compensar la del parque nacional que la nueva mina destruirá; un plan de urbanización no puede realizarse en el cinturón verde de una ciudad, donde está prohibido, a menos que la sociedad inmobiliaria compre “compensaciones de biodiversidad”; un ganadero o una empresa forestal pueden no verse obligados a restaurar el bosque que eliminaron, si compran en la bolsa “créditos de restauración forestal”. Una vez empaquetada en unidades de “servicios ecosistémicos” comparables entre sí, la naturaleza también puede ser comercializada como activo financiero.