La sorpresiva suspensión de la firma del Pacto Eléctrico, que se llevaría a efecto en la mañana de hoy, representa un balde de agua fría sobre una sociedad que ha aguardado por más de cuatro años para que el liderazgo nacional consensúe una solución a la muy dilatada crisis eléctrica.

El Consejo de Desarrollo Económico y Social había ofrecido la buena nueva de que finalmente ese pacto sería rubricado hoy por el Gobierno, partidos, gremios empresariales, academias e instituciones de la sociedad civil, pero ayer mismo se anunció su nueva posposición.

Se ha dicho que el nuevo fracaso en arribar a un consenso sobre el destino del subsector eléctrico obedeció a que a última hora el Partido Revolucionario Moderno (PRM) notificó que no asistiría al acto de firma del pacto que se efectuaría en el Palacio Nacional.

El PRM exige respeto a la Ley General de Electricidad, compromiso de reducir los apagones, aumentar la tarifa eléctrica, aplicar una tarifa de acuerdo a la población más vulnerable y realizar auditorías a las distribuidoras de electricidad y a Punta Catalina, así como su fusión en una sola empresa.

No se sabe si ese pliego de condiciones fue propuesto hace cuatro años cuando se iniciaron las negociaciones en torno al Pacto Eléctrico o si surgieron horas antes de su firma, pero en todo caso ha dejado un sabor muy amargo en la sociedad la sorpresiva postergación de ese vital consenso.

Decir que los acuerdos arribados durante las negociaciones para tan importante convención o tratado no representan la solución a la crisis del subsector eléctrico, sería como afirmar que todo el liderazgo nacional ha estado por más de cuatro años dando vueltas en círculo o dilapidando miserablemente tiempo propio y de la nación.
Son propios actores de ese frustrado proceso, los que afirman que el Pacto Eléctrico representaría una reducción del 29% de las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad, favorecería la integración del sector y atraería nuevas inversiones, además de implicar casi 30 mil millones de pesos en ahorro anual al Gobierno.

La repentina suspensión de la firma de ese convenio representa también una burla incalificable a una población que sufre en carne propia y por mucho tiempo todo lo concerniente a la crisis del subsector eléctrico, un drama que también atasca la posibilidad de que la economía dominicana pueda producir el gran salto hacia adelante.