EDITORIAL: Dueños de lo suyo

El presidente Danilo Medina dispuso ayer mediante decreto la titulación de apartamentos, casas y locales comerciales construidos por el Gobierno en terrenos estatales desde 1962 hasta 2008, lo que beneficiaría a unos 50 mil adquirientes.
Se trata de una iniciativa que de cumplirse cabalmente devolvería certidumbre a decenas de miles de familias, a quienes se les impide acceso a la propiedad inmobiliaria titulada sobre sus bienes inmuebles adquiridos o recibidos de buena fe mediante protocolo jurídico con el Estado.
Por falta de titulación, esas unidades habitacionales no han adquirido la calidad de un bien jurídico que pueda ser sujeto de crédito o que refleje la plusvalía alcanzada por las mejoras recibidas o el desarrollo de su entorno, lo que las convierte en especie de cuevas donde se guarece la familia.
El Estado tiene la obligación de ofrecer y garantizar seguridad jurídica a adquirientes de inmuebles distribuidos por el Gobierno, impedidos durante muchos años de acceder a la titulación de sus apartamentos, casas o locales comerciales, por cuya razón no adquieren a plenitud la condición de bienes de familia.
Se resalta la trascendencia del programa de titulación de parcelas, solares y otros inmuebles rurales que realiza el Gobierno, lo que ha permitido que miles de productores agrícolas puedan acceder al crédito bancario mediante la presentación como garantía de esos papeles.
Los votos son para que el decreto presidencial referido a la titulación de inmuebles construidos por el Gobierno desde 1962 hasta 2008, se ejecute cabalmente para que miles de familias obtengan el documento que los convierte en autéticos dueños de lo suyo.

Caso complejo

El Ministerio Público ha imputado a once personas de conformar una trama para estafar a miles de familias y al Estado en la venta fraudulenta de más de un millón de metros cuadrados en el sector Los Tres Brazos, por lo que el Ministerio Público ha solicitado a un juez imponerles prisión preventiva como medida cautelar.
Se trata de un expediente muy complejo, como lo admite el procurador Jean Alain Rodríguez, por lo que se requiere profundizar las investigaciones para que ningún culpable se libere de las consecuencias jurídicas ni algún inocente sea encartado por un crimen que no cometió.