EDITORIAL: El Presupuesto

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2018, que asciende a 814,821 millones de pesos, de los cuales 127,580 millones serían destinados al pago de la deuda pública, expresada en un proyectado déficit fiscal de 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
La viabilidad de ese Presupuesto se sustenta en parte en la previsión de ingresos por 600 millones de pesos adicionales a través de Impuestos Internos y por vía de Aduanas, toda vez que el Gobierno no proyecta impulsar una nueva reforma fiscal para 2018.
Es prudente advertir que la relación entre ingreso y gasto coloca la meta de control fiscal al filo de la navaja, pues la previsión de reducción del déficit del sector público no financiero es apenas de un punto porcentual con relación al PIB.
La gracia en el diseño del Presupuesto General estriba en la garantía que pueda ofrecer de generar un equilibrio fiscal, como la desgracia sería que genere un incremento del déficit, por lo que para 2018 el Gobierno está compelido a mejorar sustancialmente la calidad del gasto público.
Se destaca la propuesta de asignar siete mil millones de pesos al proyecto República Digital, lo que significaría un gran impulso a la educación y cultura tecnológica, así como dos mil 500 millones al Programa de Reforestación, lo que ayudaría a mejorar el rescate de cuencas pluviales y la calidad de vida en zonas rurales.
El cumplimiento a la ley que asigna el 4% del PIB a la educación pre universitaria constituye otro aspecto resaltante, pues el sector recibiría casi diez mil millones de pesos adicionales, en una partida que suma unos 152 700 millones de pesos.
Aun sin cumplir con la ley que fija partida al sector salud en proporción al PIB, en el proyecto de presupuesto se asignan 86 mil millones de pesos para ampliar el régimen de la seguridad social, renovar infraestructura hospitalaria, así como para la adquisición de equipos.
A partir de ahora, los diversos sectores económicos y sociales, así como instituciones descentralizadas o de la sociedad civil tendrán la oportunidad de referirse al contenido y diseño de una propuesta de Presupuesto General del Estado, cuyo monto seguramente será insuficiente ante el cúmulo de necesidades y reclamos.