La caravana de más de tres mil migrantes hondureños que se dirige hacia México con el propósito de ingresar a Estados Unidos ha puesto en vilo a los gobiernos de Centroamérica, compelidos por el presidente Donald Trump a detener esa marcha con la amenaza de suspender la ayuda financiera que reciben esos países.
Se trata de un drama migratorio asociado con la miseria y marginalidad que sufren ciudadanos en esa región y en otras zonas del mundo, obligados a desplazarse en procura de mejoría de vida, lo que también constituye un serio problema para los países que sirven de destino a esos migrantes.
El presidente Trump advirtió que ordenará al ejército el cierre de la frontera con México si no se detiene la muchedumbre de hondureños que marcha hacia territorio de Estados Unidos, además de congelar la asistencia de 2,600 millones de dólares que otorga Washington a Guatemala, Honduras y El Salvador.
Los gobiernos de esos países han señalado que no disponen de capacidad logística ni jurídica para impedir ese peregrinaje, en tanto que México adelantó que tratará de manera individual cada pedido de ingreso a su territorio, lo que indica que el pedido de reprimir a esos migrantes no sería atendido.
Andrés Manuel Lopez Obrador, presidente electo de México, ha dicho que ofrecerá visa de trabajo a migrantes centroamericanos, lo que parece contravenir el reclamo de Trump de “pedir en los términos más enérgicos que detenga esa arremetida (de inmigrantes)”.
Esa caravana se encamina a provocar una crisis humanitaria y diplomática que involucra a Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, sin que se vislumbre una solución que no sea la de impedir por la fuerza que miles de migrantes continúen su camino hacia el “sueño americano”.
El drama migratorio centroamericano constituye un ejemplo aleccionador de lo que podría ocurrir en la frontera con Haití si la crisis económica y política e institucional se agrava aún más en el lado haitiano, por lo que se requiere que el Gobierno aplique las medidas de previsión que sean necesarias para evitar una calamidad similar.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberían monitorear el transcurrir de esa gran marcha migratoria, lo mismo que han hecho cuando República Dominicana procura impedir flujos migratorios irregulares hacia su territorio.
El Nacional
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