Hoy se conmemora el 52 aniversario de la gloriosa gesta del 30 de mayo de 1961, fecha en que un grupo de valientes dominicanos ajustició al dictador más sanguinario que registra la historia reciente latinoamericana.

Ese acontecimiento como resultado de otros fallidos intentos por liberar al pueblo dominicano del sátrapa y sus verdugos, que tanto dolor ocasionaron a sus víctimas.

Ese fue el inicio de un proceso democrático que infortunadamente aún no ha terminado, pues todavía quedan muchas lacras sociales y existen voces soterradas que insólita y claramente promueven un retorno a una etapa hace tiempo superada, sin que las autoridades hagan cumplir la Ley que prohibe las actividades trujillistas en el país.

No se ha tomado tampoco en cuenta que todavía sobreviven muchas de las víctimas de Trujillo, igual que sucede en Argentina, donde sí comenzó a aplicarse Justicia contra los dictadores militares que hicieron desaparecer más de 30.000 ciudadanos, aparte de que dejaron sin identidad a otros tantos al haber sido robados siendo bebés y entregados a militares también criminales para su adopción.

Un ejemplo de esa Justicia argentina fue la condena a 80 años de prisión al general genocida Jorge Videla, que murió recientemente en la cárcel sin siquiera arrepentirse de sus hechos criminales.

En la República Dominicana existen casos menos complicados sobre los cuales tampoco se hace Justicia, razón por la por la cual un descendiente del tirano se vale de esa inercia judicial para promoverse políticamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar, para evitar que este proceso democrático colapse?

Creemos que este 30 de mayo brinda una excelente oportunidad al presidente Danilo Medina para enfrentar, con la Ley en la mano, esas pretensiones absurdas de retrotraer nuestro país a un horroroso pasado, desgraciadamente desconocido por la mayor parte de la juventud dominicana.

Los héroes que decapitaron a Trujillo tenían sueños de libertad, no de libertinaje, como ocurre ahora, cuando la delincuencia común se apodera de las calles y la de cuello blanco que depreda el Erario Nacional.

El llamado Plan de Seguridad Democrática, puesto en marcha por el gobierno, no irá a ninguna parte si no incluye un amplio programa educativo y de proporción de empleos para una juventud amenazada por la droga. La prevención es buena, siempre que esté vinculada a la educación.

En este 30 de mayo deberíamos reflexionar sobre la necesidad de continuar la lucha, con las banderas en alto, para que nuestro país continúe su avance democrático, sin las falsedades que lo desnaturalizan.