El 24 de abril del año pasado, el Primer Juzgado de la Instrucción de Salcedo ordenó un año de prisión preventiva en contra del profesor Pedro Arismendi Famillia María, (a) Pedrín, acusado de abusar de más de 12 niñas en la escuela Villa Almaro, de esa ciudad.

La noticia conmovió al país y se consideró uno de los mayores crímenes de agresión sexual conocidos en los últimos años en el sector educativo, llevando al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a anunciar la expulsión del imputado de ese gremio.

Ya para el 31 de julio de 2017, la Fiscalía actuante depositaba un escrito de acusación formal, acompañado de: los testimonios de 12 madres, 14 Comisiones Rogatorias de las menores, 1 peritaje de Evaluación sexual por la Médico Legista del Distrito Nacional y 10 peritajes de evaluación psicológica, los testimonios de la Directora y la Psicóloga del Centro Educativo Villa Amaro, así como el de la Conserje encargada del cuidado de las llaves de las aulas, todo, bajo la calificación jurídica de violación a los artículos 330, 331 y 333 del Código Penal Dominicano y el artículo 396 letra C de la Ley 136-03 del Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Después de tres reenvíos, el pasado viernes 27 de abril, el tribunal, antes de abocarse al fondo y considerando que el plazo de un año se había cumplido, concede al imputado libertad bajo pago de una fianza de 7 millones, presentación periódica cada día 27, así como impedimento de salida.

La justicia dominicana que desprotege a las más de 12 niñas víctimas con esta acción, una vez más muestra su desconocimiento de los crímenes basados en el género contra las mujeres y las niñas y las desampara, y hoy, más de doce familias tendrán que hacer malabarismos para bregar con el miedo y la desprotección.

Y mientras tanto, la coordinación nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, quiere que creamos que en el 2017 las denuncias de delitos sexuales contra menores de edad se redujeron en un 53%, como si este pueblo fuera ignorante. Por eso es que la justicia entera tiene que despegarse de la política partidista que busca justificar el descenso de cifras contadas sin que exista un sistema de registro, para el tiempo electoral, que es siempre.

También el Ministerio de Educación tiene que adoptar una estrategia más responsable frente a esta situación de abuso sexual que tanto se da en las escuelas dominicanas.

Y todo en abril, mes de prevención para el abuso infantil!