Diferentes sectores de Haina se han movilizado para impedir que se apruebe la venta a precio vil de 168 mil metros de terreno y las instalaciones como chatarra del antiguo central cañero que operó en ese municipio.
Y la verdad es que antes que precipitarse, la transacción debe analizarse con mucho, pero mucho cuidado. El martes, decenas de personas ocuparon la sede del Congreso para demandar de la Cámara de Diputados que no apruebe el contrato de venta que ya fue sancionado por el Senado.Víctor Manuel Pérez, del Consejo para el Desarrollo Integral de Haina, está entre los que alegan que la operación que se pretende realizar con la empresa Granelera del Caribe no se corresponde con el valor del patrimonio.
Por los terrenos y las instalaciones el Estado recibiría 202 millones de pesos, una suma que los opositores a la operación consideran pírrica. En aras de proteger los intereses nacionales y de los residentes en Haina los congresistas deben ponderar el contrato de venta con el mayor discernimiento.
El Nacional
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