Si se evita que se convierta en un circo político o mediático, el caso Odebrecht puede ser el punto de partida hacia una sociedad donde se aplique la ley y se garantice transparencia en el uso de fondos públicos.

En ese expediente penal se parte del hecho de que la empresa brasileña admitió que distribuyó 92 millones de dólares entre funcionarios y legisladores a cambio de obtener privilegios en la licitación y adjudicación de obras públicas.

Ejecutivos de Odebrecht encausados en Brasil por soborno y financiación ilegal citaron ante instancias judiciales de ese país los nombres de 14 funcionarios, congresistas, empresarios y abogados dominicanos que supuestamente recibieron o entregaron esos valores.

El Ministerio Público ha preparado un expediente acusatorio sustentado en esas infidencias, cuyo único aporte adicional importante ha sido los informes del regulador bancario sobre los patrimonios de los imputados.

Se sabe que Odebrecht confesó haber distribuido aquí 92 millones de dólares en sobornos, pero compete al Ministerio Público probar fehacientemente que las personas encartadas recibieron ese dinero, lo que no parece una tarea fácil.

El juez que conoce el pedido de medidas de coerción tendrá que revisar todos los papeles procedentes de Brasil, así como los aportados por las autoridades, antes de acoger, rechazar o modificar el pedido de imponer 18 meses de prisión preventiva a los acusados.

Las declaraciones ofrecidas a jueces y fiscales de Brasil por funcionarios de Odebrecht y de otros implicados ya circulan entre abogados, en redacciones de medios de comunicación y en redes sociales, además de que el juicio preliminar contra los encartados se difunde por televisión, lo que indica que la ciudadanía ni ninguno de los implicados pueden alegar ignorancia.

De nuevo se advierte que intentar desviar ese juicio por canteras diferentes a las que conducen al debido proceso, causaría un daño irreversible al ordenamiento jurídico y, por consiguiente, al estado de derecho y a la democracia.