El conflicto en torno al vertedero de Duquesa se ha convertido en un verdadero enigma. Los terrenos en que opera el basurero son propiedad del Estado, pero no ha habido medios para recuperarlos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha impuesto dos multas por 18 millones a la firma Lajun por violaciones de normas ambientales, pero la empresa ni siquiera se ha inmutado.
Los cabildos del Gran Santo Domingo se han levantado contra las decisiones del consorcio, pero de nada les ha servido y, para más frustración, tienen que someterse a las condiciones de la compañía para depositar basura en el vertedero.
Medio Ambiente, cuyo titular dice que los propietarios de Lajun deben estar presos, presentó una querella judicial contra los ejecutivos a la que la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo ha decidido darle largas, como si no se atreviera a fallarla. Mientras los municipios se llenan de basura los ingredientes constituyen un verdadero enigma.
El Nacional
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