No bastan las buenas intenciones, son necesarias las acciones de la Dirección General de Impuestos Internos para que el Gobierno logre cobrar no sólo los mil millones de pesos dejados de pagar por Dream Casinos sino por otros consorcios de bancas de apuestas.

El que durante casi cuatro años un consorcio no cumpla con sus tributos al Estado no es un asunto de olvido ni negligencia, puede tratarse de todo una trama, que la DGII debe investigar.

De acuerdo a la información la empresa Dream Casinos, que opera 12 casinos de juegos y 2 mil bancas de apuestas deportivas y de lotería hace tres años que dejó de honrar sus compromisos con el fisco.

La fuente advirtió que después de que los ejecutivos de esa empresa intentaran en vano, a través de varios mecanismos, que la DGII considerara prescrito el cobro de los impuestos, ahora están ofertando a terceros algunas de esas bancas.

El Gobierno debe recuperar los mil millones de pesos e invertirlos en computadoras para los estudiantes pobres.

También señala el rumor público que un prestigioso abogado recibe de Dream Casinos 25 mil dólares mensuales por su «asesoría» en evasión impositiva y para intervenir ante determinados magistrados.
Todo esto es caldo de cultivo para una investigación y ofrecer los resultados a la sociedad.

La deuda de Dream Casinos con el Estado está ahí y ambas parte lo han admitido, entonces: ¿porque no se cobra?
Pensar que con ese dinero se pueden iluminar todas las calles de la capital y contribuir con la seguridad ciudadana o destinarlo al programa República Digital y contribuir a cerrar la brecha del conocimiento que existe entre los pobres y la clase media.

Es mucho lo que se puede hacer con ese dinero, pero de entrada las autoridades podrían comenzar a cerrar los casinos y las bancas de deportivas y lotería que opera ese consorcio, cuyos principales ejecutivos extranjeros siempre están envueltos en problemas judiciales, tanto aquí en el país como en el exterior.