La pasada semana escribí que la decisión de Venezuela de desistir de la compra de la mitad del capital accionario de la Refinería Dominicana de Petróleo, y en vista de la probable previsión de esos ingresos para la ejecución presupuestaria de este año, podría mover al gobierno a contratar un préstamo por valor equivalente al de la referida operación. Las recaudaciones tributarias, aclaré, no alcanzan para cubrir los altos niveles de gasto público que predominan, con la agravante de que las crecientes facilidades de crédito otorgadas al país están incrementando a igual escala los compromisos del servicio de la deuda, a tal punto que en cualquier momento nos anunciarán una nueva reforma impositiva.
El matutino Hoy trajo al día siguiente de aquel artículo la información de que tanto Guillermo Caram como Alfonso Abreu Collado compartían la preocupación del FMI por el elevado porcentaje de los ingresos tributarios consignados para el pago de deuda en el presupuesto del 2010, que según los citados economistas frisa el 43%. No huelga recordar que dicho organismo, en su más reciente informe, alertó sobre eventuales incumplimientos del país con las metas previstas en el acuerdo Stand By suscrito en noviembre del 2009.
Es evidente que destinar el 43% de las recaudaciones para liquidar intereses y amortizar capital de préstamos, resulta incompatible con la capacidad de pago del país, lo que redobla el temor de algunos en cuanto a que más temprano que tarde será preciso agravar la presión fiscal. ¿De dónde provienen los fondos que costea el torrente de obras públicas actualmente en ejecución? Oportuno es que insistamos en exigirle al gobierno que ajuste sus gastos, que los equilibre con los niveles de ingresos tributarios, que frene lo que Caram denomina carrera desenfrenada de endeudamiento. Y es que, de lo contrario, este progreso de hoy, claramente financiado por recursos externos, le saldrá mañana muy caro a este país.

