El juicio contra El Chapo Guzmán que se celebra en Nueva York ofrece una buena pista sobre la operación y la incidencia del narcotráfico en el poder político. Lo poco que ha salido a relucir es más que suficiente para detectar las complicidades que propician la impunidad que hasta cierto punto ha blindado a los grandes capos del negocio de las drogas.

En el proceso se ha dado cuenta de supuestos encuentros entre líderes de los cárteles y ejecutivos de la petrolera Pemex (Petróleo Mexicano) para transportar cocaína en los cargueros de la empresa.

Ahora que un coronel de la Policía, Daniel Ramos Álvarez, ha sido abatido de tres balazos cuando encabezaba un operativo en un supuesto punto de drogas en Baní, el juicio de El Chapo Guzmán adquiere más impacto en la lucha contra el narcotráfico. Más aun con la frecuencia con que se anuncian decomisos de cargamentos, pero sin la captura de pejes gordos ni flacos, como no fuera “Jesuito”, apresado en el Este con relación a un alijo de 600 kilos de cocaína confiscado en Higüey. Hasta los chinos de Bonao saben que la droga no cae del cielo y que sin conexiones al más alto nivel es difícil, por más vulnerables que sean las barreras costeras, el trasiego tan olímpico de la mercancía.

Con el matiz propagandístico que se ha tornado tan propio del ejercicio del poder por aquí se llegó a proclamar que con la captura de José Figueroa Agosto y de Toño Leña la estructura del narcotráfico había sido desmantelada. Pero desde entonces es que ha entrado cocaína a República Dominicana.

Las razones de ese gigantesco flujo tienen que determinarlas las propias autoridades. Tal vez el proceso contra El Chapo pueda servirles de mucha ayuda para conocer, si por casualidad no lo saben, cómo actúan las organizaciones criminales.

Uno de los testigos del proceso citó que los cárteles en México distribuían fuertes sumas de dinero entre altos oficiales y políticos para operar con relativa impunidad. Durante los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón altos cargos muy próximos a los exgobernantes estarían en la nómina de los poderosos grupos para proteger de distintas maneras sus operaciones. Con esa estructura, cuando se tenía que actuar contra el narcotráfico por lo regular se tomaba la ruta equivocada para no dar con los verdaderos cabecillas del negocio.

En República Dominicana el narcotráfico no tiene la dimensión de México, pero el caso del coronel Ramos Álvarez suena la alarma con bastante estridencia sobre la necesidad de ir más allá de los hechos como tales.

En Baní se ha dado cuenta de una estructura, que de ser así no puede operar sin el blindaje que garantizan las relaciones de poder. No querer entenderlo ya es otra cosa.