Las y los profesionales del Derecho que recelan de quienes, sin tener esa profesión, osan referirse a la ley, deben saber que no se necesitan los conocimientos en esa materia para saber que cuando por cualquiera de los recursos legales un prisionero queda en libertad, mientras el proceso continúa, muchas veces el caso se desvanece.

Mientras aquella persona goza de libertad, la víctima es la que sufre, y en ese sufrir, abandona los casos, se deprime, se vence por hastío, se siente dentro de una atmosfera burlesca, y pierde la confianza en el sistema y sus integrantes.

Con el victimario ocurre lo contrario. Esa libertad, así sea bajo condicionantes, es ocasión aprovechada para sobornar a la víctima, o al abogado/a de esta. Se usan recursos como el chantaje, la amenaza, doblegan voluntades, se compran lealtades.

Ya en libertad, se sienten con poder, pues normalmente, los victimarios tienen más pericias que sus víctimas. Si esto ocurre a nivel individual, la extrapolación en término de la sociedad, muy ávida de justicia, es de igual, sino de mayor dimensión. Es por eso que el asunto de que no representen peligro de fuga, no es lo sustancial.

Todo el escenario de motivos esgrimidos por la Defensa, (ante el juez Ortega) y que se amparaban en afirmaciones categóricas de que su cliente era inocente, que no significaba peligro de fuga, que el expediente de la Procuraduría carecía de base para sustentarse, y que era más bien un asunto político.

Esta argumentación concluía en la pretensión de que todos debían ser liberados. Toda esta retórica se envolvía en un relativismo más cercano a sus intereses particulares, que al concepto esencial de justicia.