Ahora que el ministro de Medio Ambiente ha reclamado a la empresa Lajún pagar dos multas por 18 millones de pesos, vuelve a dispararse la curiosidad sobre la impunidad que rodea las operaciones del consorcio.
Tal parece que un buen santo protege a la firma, de tomarse en cuenta que la Cámara de Diputados y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) han certificado que los terrenos del vertedero de Duquesa son propiedad del Estado.
Pero Lajún opera el depósito como si los reclamos legales no tuvieran ningún efecto. Fue multada con dos y 16 millones de pesos por violar normas ambientales, pero tampoco ha hecho caso a las sanciones.
El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, se ha limitado a pedir al consorcio que cumpla con el pago de las multas.
Si la operación del vertedero es ilegal, Lajún ha debido ser notificada. Lo extraño es, que aunque se diga que se han dado pasos legales, que la empresa sigue operando como si nada hubiera pasado.
El Nacional
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