En una entrevista desarrollada a través del programa DAgenda, el Secretario de Estado de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, sostuvo que el Tratado de Libre Comercio suscrito por el país con Centroamérica, que es anterior y distinto al llamado DR-CAFTA promovido por los Estados Unidos, no benefició en lo absoluto al sector productivo nacional durante el período 1996 al 2000. El funcionario ilustró su aseveración con el preocupante dato de que por cada diez productos procedentes de esa región que entran al mercado nacional, nosotros apenas podemos colocar uno, una relación que cabe calificar de absolutamente negativa.

El Secretario Fadul tiene razón, aunque se quedó corto en cuanto al tiempo en que el referido acuerdo ha resultado lesivo para el país, al acumular un elevado déficit comercial para la República Dominicana desde sus mismos inicios hasta el presente.

En lo que, por el contrario, carecen de veracidad y sustentación los señalamientos del Secretario Fadul, error en que ha incurrido varias veces y fueron externados por nueva vez en la entrevista que comentamos, es cuando niega que al amparo del citado tratado de naciones centroamericanas estén llegando al país e invadiendo el mercado nacional una gran cantidad de productos subsidiados por sus respectivos gobiernos, o que disfrutan de regímenes especiales, o que violan las normas de origen. Productos que presenten esas características están excluidos de manera expresa de los beneficios arancelarios del referido Tratado y por consiguiente, deben pagar sus derechos aduanales íntegros y cualquier otro gravamen que les sea imponible.

No estuvo ocurriendo así por mucho tiempo, con el resultado de que la industria nacional que ya de por sí se desenvuelve en condiciones sobradamente desventajosas, ha estado sometida a una sostenidamente ruinosa competencia desleal mientras las aduanas dominicanas han dejado de percibir miles de millones de pesos que le hubieran permitido reducir de manera significativa el déficit con que cerraron sus operaciones el pasado año. Las pruebas abundan y echan por tierra el abusado argumento empleado por el Secretario de Industria y Comercio de reclamar a los empresarios dominicanos que frente a esta situación irregular sean más eficientes y competitivos.

Lamentable y preocupante que el titular de la cartera del ramo tenga una percepción tan errada de las razones por las cuales el tratado con Centroamérica nos ha resultado en la práctica tan perjudicial. Esto así, sobre todo, cuando el propio Banco Central en su reporte sobre el comportamiento de la economía el pasado año, reconoce que una buena cantidad de empresas del sector industrial se vio obligada a reducir su producción por falta de mercado y a liquidar buena parte de su personal. Y más aún, tomando en cuenta que el sector industrial aporta el 22 por ciento del Producto Interno Bruto y es el mayor generador de empleos con que contamos.

Penoso y preocupante también, que mientras Centroamérica ofrece protección e incentivos a sus fabricantes para que puedan producir y exportar en condiciones ventajosas, los dominicanos tienen que enfrentar todo género de dificultades recibiendo en cambio, solo reproches y críticas de quien precisamente cabía esperar por el contrario, aliento y apoyo así como una vigilia constante para evitar que productos venidos de esa región, que no califican para los beneficios del Acuerdo, sigan tratando de evadir el pago de los aranceles en ostensible perjuicio de la industria nacional, los ingresos del Estad y los intereses del país.