POR: Luis José Chávez

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Los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), están a punto de consumar la aniquilación del Partido Revolucionario Dominicano como fuerza política mayoritaria, un desenlace que no se produjo ni siquiera con la renuncia de su fundador, el profesor Juan Bosch, ni con otros conflictos importantes que han sacudido a esa organización en sus 75 años de existencia.

Para cometer esta iniquidad antidemocrática, los magistrados no solo han desconocido las normas estatutarias, la autoridad de los organismos y la voluntad mayoritaria del PRD, sino también los límites que impone la propia ley orgánica del TSE para intervenir en los conflictos internos de los partidos políticos.

La actuación impúdicamente parcializada del TSE le otorga el control del PRD a una minoría ilegítima, encabezada por un presidente de facto, y coloca a una mayoría que ronda el 90 por ciento de los perredeístas en la disyuntiva de rebelarse contra una autoridad ilegítima o a plantearse otras opciones de acción política fuera del Partido.

Todo comenzó cuando en mayo del 2011 el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas se pusieron de acuerdo para constituir las altas cortes y distribuir los puestos de esos organismos entre seguidores o allegados de ambos, en una proporción de tres a uno a favor del mandatario, con algunas excepciones de rigor.

De entrada, ese trato para asignar los puestos de los tribunales a vinculados políticos, significó una violación del artículo 151 de la Constitución de la República, que establece la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial
En el caso del Tribunal Superior Electoral, la parcialidad del nuevo órgano, se puso de manifiesto en el primer litigio de naturaleza electoral conocido por sus jueces, a propósito del fallo emitido sobre las alianzas presentadas por los Partidos de Veteranos y Civiles y el Partido Revolucionario Independiente a favor del PRD.

En este caso el juez presidente del TSE, Mariano Rodríguez, reputado como un profesional independiente, intentó actuar de manera imparcial y con apego al mandato de la ley, posición que dejó plasmada en un voto disidente y motivado contra la sentencia que anuló el pacto entre el PNVC y el PRD, dejando establecido que “el PNVC sí cumplió con los requisitos de mayoría de electores en la asamblea que declaró a Hipólito Mejía como su candidato presidencial”.

Esa conducta fue reiterada más adelante cuando el TSE decidió anular una sanción disciplinaria impuesta por un organismo competente del PRD contra el ingeniero Miguel Vargas y otros directivos en una situación en que no estaban envueltas discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos del partido.