Con 19 votos a favor, incluido el de República Dominicana, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución que declara ilegítima la reelección del presidente Nicolás Maduro, lo que abre las puertas a una eventual expulsión de Venezuela del organismo.
Antes de la votación, que contó con el sufragio en contra de Bolivia, San Vicente y Dominica, el canciller dominicano Miguel Vargas solicitó a la OEA que procure una salida pacífica, democrática y definitiva a la crisis venezolana, al advertir que en ese país se puede producir un quebrantamiento de la gobernabilidad.
El voto dominicano permitió que la propuesta de ilegitimidad, impulsada por Estados Unidos, alcanzara la mayoría simple compuesta por 19 países de los 34 que conforman el sistema interamericano, lo que permitiría la exclusión de Caracas del seno de la OEA.
El Gobierno no ha explicado las razones por las cuales abandonó el rol de neutralidad y de gestor del diálogo como forma de solución de la crisis venezolana, aunque se admite que sus esfuerzos encaminados por alcanzar un acuerdo entre Maduro y la oposición resultaron infructuosos.
Por sus estrechos lazos históricos con Venezuela, República Dominicana está en el deber de actuar con cautela frente al oleaje diplomático que impulsa el aislamiento económico y político de esa nación, en una burda repetición de las inútiles pero nocivas sanciones impuestas por la OEA a Cuba, hace más de medio siglo.
Washington ha ejercido enorme presión sobre los gobiernos del continente para que acepten endurecer sanciones contra Caracas, al punto que encomendó al vicepresidente Mike Pence a promover en el seno de la OEA la declaratoria de ilegitimidad del gobierno de Maduro. El Gobierno dominicano no se arriesgó a nadar río arriba.
Para expulsar a Venezuela de la OEA se requieren 24 votos en la próxima Asamblea General Extraordinaria, entre los cuales no debe estar el asentimiento dominicano, porque sería como desechar una cultura diplomática sustentada en la promoción de la soberanía y autodeterminación de los Estados y los pueblos.
La prudencia y el buen juicio aconsejan a la diplomacia dominicana a retornar a su rol de neutralidad y promotora del diálogo en todo lo relacionado con la crisis venezolana, sin expresar ningún respaldo al gobierno de Maduro, pero tampoco a los afanes intervencionistas que promueve Estados Unidos.,

