Por prudencia y delicadeza, el Consejo Superior del Ministerio Público, dirigido por el PLD, debió esperar los resultados de las próximas elecciones para designar un nuevo fiscal del Distrito Nacional, pues la decisión de nombrar una titular en la capital, trata de impedir que el próximo presidente de la República pueda escoger para el puesto a una persona de su confianza.

Sin dejar de reconocer los méritos de la licenciada Yeni Berenice Reynoso, se aprecia que su nombramiento fue un desatino. El cargo tenía que se reservado para el jefe de Estado que resulte electo de los comicios venideros.

El entramado de las designaciones de algunos miembros del Ministerio Público constituye toda una urdimbre del PLD para amarrar al Poder Judicial. El PLD tiene el control de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, del Cpmgreso, de la Cámara de Cuentas y del Consejo Nacional de la Magistratura. Solo le faltaba sellar su dominio en el área del Ministerio Público.

La trama para limitar el poder del candidato que resulte electo, comenzó con la modificación de la Ley 78-03 Sobre el Estatuto del Ministerio Público, que en sus artículos 22 y 24, otorgaba la facultad al primer mandatario de nombrar al procurador general de la República y a los fiscales.

El artículo 44 de la citada ley, establecía que los representantes de la sociedad serán inamovibles durante el término de su elección, que tendrá la misma duración del período presidencial en que fueran designados. Ocurre que en una jugada maestra, el PLD modificó el referido texto mediante la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11.

Esto puede hacerle daño a la democracia. Una persona con mucho poder es proclive a cometer abusos.