La ley 33-18 organiza nuestro sistema de partido y electoral, no de forma completamente efectiva, como todos aspiramos. Sin embargo, acusa avances que podemos aprovechar en la medida en que sean confiables. Y eso depende mayormente de la Junta Central Electoral (JCE), organismo que, precisamente, no ha dado buenas señales, por lo menos en lo referente a las discusiones sobre voto directo.

La Constitución fija claramente la manera de sufragar de los dominicanos, con lo que descarta el arrastre en la escogencia de legisladores y munícipes. Sin embargo, la JCE insiste en desconocer este mandato supremo atendiendo a presiones del PLD. De ahí que el árbitro oficial sea objeto de cuestionamientos, apenas se dan los primeros pasos de un proceso que promete ser complejo, y un tanto objetable por nuevas fórmulas incluidas, estrictamente pautadas.

En este año, fijado para junio 7, esto es en apenas ocho semanas, los partidos deben hacer reservas de precandidaturas, en todos los niveles, como establece el artículo 45 de la referida ley. Así, dos semanas después, comunicar esas aspiraciones. Dado esos primeros pasos, la JCE abre la precampaña, con la salvedad de que todas las precandidaturas deben estar inscritas a más tardar el 22 de agosto.

Las agrupaciones que se decidan por las primarias, como ya lo han hecho el PRM y el PLD, tienen pautado el 6 de octubre, conforme los artículos 29 y 40 de la Ley de Partidos. El 27 de ese mes será la elección con métodos distintos, como asambleas, encuestas, en fin.

El año entrante, el 16 de febrero son las elecciones municipales, en tanto las presidenciales y congresuales tendrán lugar el 17 de mayo. Deben celebrarse por separado en cada caso. Nunca mediante el llamado arrastre. La Junta, que no se da por enterada en este punto, ofrece de entrada una mala nota, con lo cual pone entredicho su credibilidad.

La confianza es su mayor activo, si la echa por el suelo, quiebra. Ya quisiéramos que una probable quiebra de la confianza no incluya la necesaria imparcialidad que debe mostrar la JCE para administrar limpiamente un proceso que se le viene encima.