El 17 del presente mes se celebrarán elecciones nacionales en Ecuador y todos los estudios de opinión anticipan un triunfo aplastante del presidente Rafael Correa, quien tomó una licencia del cargo para realizar su campaña electoral, pese a que la ley no lo obliga.

Diferente a la República Dominicana, en Ecuador el órgano electoral no está integrado por cuadros políticos del partido oficialista, el gobierno no ha comprado los medios de comunicación, algunos de los cuales adversan al mandatario, ni el gobierno usa los recursos del Estado en la campaña electoral.

Rafael Correa va por su segunda reelección, sin atribuírsele actos de corrupción a favor de su persona. Ningún ecuatoriano ha tenido la osadía de acusarle de encabezar una corporación mafiosa, para desaparecer dinero de préstamos, hacer operaciones oscuras con ingenieros contratistas, sobrevaluar obras ni usar testaferros para lavar activos.

Al presidente del máximo tribunal judicial de Ecuador no le une ningún vínculo con el jefe de Estado. Rafael Correa tampoco ha centralizado los poderes del Estado a su favor, colocando a sus adláteres a la cabeza. Hoy en Ecuador se puede hablar de una verdadera independencia de las instituciones. Y la democracia es más fuerte que como el mandatario la encontró.

Correa ha contribuido a consolidar a las instituciones, razón por la que en Ecuador se acabó la inestabilidad política. Fue a la presidencia de ese país a dar soluciones a los más diversos problemas jurídicos institucional, económico y social. No fue a robar ni a servirse del patrimonio ecuatoriano.

Las más recientes encuestas otorgan al mandatario ecuatoriano intenciones de voto que se aproximan al 60%. Esas valoraciones descansan en su carisma, honestidad y vocación de servicio a su pueblo. Diría que Rafael Correa, en la región, es un modelo a seguir como estadista.