Puerto Plata. – Empresarios de Cabarete denunciaron que el director regional de Turismo, Atahualpa Paulino, ha actuado en desacato de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) al impedir la instalación de una cerca limítrofe en Playa Rocón.
La empresa Costa Canal SRL, representada por su abogado Lorenzo Pichardo, denunció que este funcionario ha incurrido en atropellos reiterados. En agosto de 2024, Paulino ordenó la destrucción de la cerca perimetral con el auxilio de empleados haitianos, argumentando que la estructura estaba dentro de la franja de 60 metros y bloqueaba un camino de acceso.
Fallo del TSA y nuevos incidentes
Ante estos hechos, Costa Canal interpuso un recurso de amparo, y el 6 de diciembre de 2024 el TSA emitió la sentencia 0030-03-2024-SSEN-00727, que ordena «el cese inmediato de cualquier acto u omisión que tienda a destruir las cercas edificadas con postes de concreto y alambres de púas u otra obra de infraestructura similar dentro de los límites del inmueble identificado como 314896958049, con una extensión superficial de 20,380.34 metros cuadrados».
Pese a este fallo, este viernes la empresa inició nuevamente la instalación de la cerca y, una vez más, fue destruida por personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa). Aunque la dirección del Senpa había dispuesto el retiro de su personal, una contraorden del viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, revirtió la decisión. Según testigos, el director regional de Turismo llamó en alta voz al viceministro, quien ordenó la acción en el momento.
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Violación a la propiedad y seguridad jurídica
El representante de Costa Canal calificó estos hechos como una flagrante violación al derecho de propiedad privada, destrucción de bienes y un atentado contra la inversión nacional y extranjera, lo que afecta directamente el desarrollo de Cabarete y la región.
En el lugar estuvieron presentes representantes de la Armada de la República Dominicana, quienes constataron que la cerca se encuentra a 78 metros del mar en su punto más cercano, es decir, fuera de la franja de 60 metros establecida por la ley. Tanto la Armada como Politur se negaron a participar en la acción, reconociendo la validez del fallo judicial.
Respecto al supuesto camino afectado, se informó que este ha estado en desuso desde la construcción de la nueva carretera en los años 70. Además, hace más de 15 años se habilitó una entrada alternativa frente al campo de golf, respaldada por una permuta firmada entre los propietarios y las autoridades competentes.
Conflictos legales y llamado a las autoridades
Pichardo recordó que la empresa ha enfrentado 24 años de dificultades para desarrollar su inversión en la zona. En 2001, los terrenos fueron ocupados ilegalmente por personas que falsificaron títulos, lo que dio lugar a un proceso judicial de 21 años. Finalmente, en 2022 obtuvieron sentencias definitivas y el respaldo de la fuerza pública para recuperar la propiedad.
El abogado cuestionó si las acciones del director regional de Turismo cuentan con el aval de las altas instancias del ministerio, como este ha alegado. “Si Turismo o cualquier otra institución está en desacuerdo con la sentencia del TSA, lo lógico es que la recurran por las vías legales correspondientes, en lugar de violarla sin fundamento jurídico”, expresó.
Asimismo, señaló que la sentencia del TSA establece una penalidad de 4,000 pesos diarios contra las entidades que impidan la instalación de la cerca.
Finalmente, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en este caso, que pone en entredicho la seguridad jurídica del país, al permitir que funcionarios desacaten decisiones judiciales sin consecuencias.
