Empresas multinacionales, que participaron en el Concurso Público organizado por la Junta Central Electoral (JCE) para la nueva cédula de identidad dominicana, impugnaron el Acta de Adjudicación que favorece a Copy Solutions International (CSI).
La distinguida empresa alemana Caelum, la española Indra y la norteamericana Phyex han presentado de manera oficial sus impugnaciones y quejas oficiales en contra del proceso que llevó la JCE. Las tres compañías alegan que, por violaciones a la Ley e irregularidades en las evaluaciones, se debería anular la Adjudicación.
Francisco Álvarez, de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández, apoderó al Pleno de la JCE de la impugnación de Caelum Dominicana. “En riguroso cumplimiento de la Ley, estamos agotando esta fase. Pero de ser necesario, acudiremos a otras entidades, declaró el jurista.
Los criterios de evaluación, además de establecerse tardíamente, llegaron a ser ilógicos en algunos casos, violando los principios de razonabilidad y eficiencia que exige un concurso público. La puntuación total, por ejemplo, le otorgaba 12 puntos a la capacidad de la bandeja en las impresoras y solo 10 puntos al precio total del proyecto.
Los objetivos de la JCE con la licitación eran dotar a República Dominicana de un documento de identificación moderno, seguro y confiable, tanto nacional como internacionalmente. La propuesta seleccionada “ofrece un documento menos seguro y más caro que el actual”, según el abogado.
“La propuesta escogida no incluye diversos elementos, algunos de los cuales eran obligatorios. Su impresión no contempla datos variables en ultravioleta, el laminado será sin holograma, el reverso no contempla ningún elemento de seguridad y la huella digital no estará incorporada a la cédula, con lo cual no será biométrica. Hasta los gimnasios podrían tener un carnet de membresía más seguros que nuestro documento de identidad”, aseguró Álvarez.
Las enormes dudas existentes sobre el proceso, además de provocar la impugnación de Caelum, con exitosas experiencias en países como Estados Unidos, Irak, Egipto y Camerún, hizo que Indra presentara un pliego con las incongruencias detectadas y se retirara de la licitación, solicitando formalmente la anulación del proceso.
