El presidente Danilo Medina promulgó ayer la nueva ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que aumenta con penas de hasta 20 años de prisión y multas entre 200 a 400 salarios mínimos a quienes incurran en tráfico de dinero ilícito.

Este estatuto, que sustituye a la ley 72-02, prevé que cualquier funcionario público o empresario que incurra en enriquecimiento ilícito a costa del erario podrá ser procesado penalmente por lavado de activos, lo que haría más expedita la garantía de sanción penal y pecuniaria.

Cualquier persona que convierta, transfiera o transporte activos para disimular la naturaleza de su procedencia podría ser condenada a penas de reclusión entre 10 y 20 años y a multas millonarias, así como a la confiscación de bienes.

Las regulaciones dirigidas a instituciones financieras son ahora mayores o más estrictas para prever o identificar depósitos o transacciones con dinero proveniente de actividades ilícitas o dirigido a financiar actividades terroristas.

La ley incluye sanciones contra quienes detenten o administren dinero o propiedades generadas por actividades relacionadas con pornografía infantil, sicariato, delitos medio ambientales, falsificación de medicamentos y violación a la propiedad intelectual.

Además de adaptar la legislación nacional a las normativas internacionales sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico, trata de blanca o para financiar el terrorismo, la nueva ley permite que la prevaricación pueda ser sancionada por el lado de dinero ilícito generado con la comisión de esos crímenes contra el erario.

El ordenamiento jurídico penal requiere endurecer las penas aflictivas e infamantes, así como las sanciones civiles contra el crimen de lavado de activos provenientes del latrocinio contra el dinero público, por lo que la promulgación de esta ley se recibe con la esperanza de que se aplique contra todos los violadores, sin ningún tipo de contemplaciones.

La revitalizada ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo llega en un histórico momento de inflexión en la lucha contra la corrupción, cuando la sociedad reclama a todo pulmón que se persiga y se castigue toda forma de prevaricación y a quienes manejen o blanqueen dinero ilícito.