Es inconcebible que en el caso Odebrecht el Ministerio Público no se percatara de que un acuerdo de lenidad en que apoya su acusación contra los imputados no estaba traducido al español.

En un proceso tan importante deja mucho que desear cualquier falla en que incurra el juez de la querella. Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no tuvieron más que rechazar, a unanimidad, el documento con que el procurador Wilson Camacho avala la acusación contra los seis encartados.

Se trata de una comunicación remitida al entonces procurador Jean Alain Rodríguez que contiene el acuerdo de admisión de culpabilidad de Odebrecht y el acuerdo de lenidad en la constructora, el Ministerio Público de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza.

Las normas establecen, según se estableció en la audiencia que los documentos, escritos en porgués, debían estar debidamente traducidos al español por un intérprete judicial.

Las pifias en el proceso, aunque el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) las minimice, disparan las dudas sobre la veracidad de las pruebas contra los imputados.

El nuevo resbalón aumenta la percepción de que el expediente sobre los 92 millones de dólares pagados en sobornos por la constructora brasileña podría caerse. A todo lo largo del proceso todavía no se han presentado pruebas concretas contra los imputados.