Una decisión justiciera.-

Al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien había presentado un recurso de casación para que se variase la libertad bajo fianza del ex/ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa y del empresario Angel Rondón, por la de prisión provisional, como había dispuesto originalmente el juez de instrucción especial Francisco Ortega Polanco, se le peló el billete, domo reza el viejo refrán popular, cuando la segunda sala penal del máximo tribunal del país, rechazó la demanda del representante del ministerio público, y ratificó su primera decisión de favorecer a Díaz Rúa y Rondón, con la misma medida de libertad condicional, que habían favorecidos los doce primeros inculpados en el caso, con igual argumento de que los mismos no representaban un peligro de fuga inminente, ni de destrucción de pruebas del caso en que estaban envueltos..

La verdad monda y lironda es que el caso Odebretech, que ha tenido repercusiones similares, las de funcionarios que acepaban sobornos de la principal empresa constructora del Brasil, para favorecerla con contratos estatales millonarios, en México, Perú, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Paraguay, y paro de contar para no hacer la lista demasiado extensa, en nuestro país ha tenido mayor relevancia por el excesivo el cubrimiento que le han dado los medios de comunicación, muchos políticamente interesados, supliendo así la falta de pruebas auténticas, que son una exigencia ineludible de todo proceso penal que no esté politizado, porque entre nosotros las alegaciones contra los doce ex-funcionarios, un empresario y un notario público, han estado basadas sobre todo, en declaraciones escritas hechas por ex funcionarios de la propia constructora, que tratan que en sus casos se les reduzcan las penas que merecen, en virtud de acuerdos firmados con los gobiernos interesados, incluyendo el nuestro, donde a Odebretch se le ha permitido seguir operando, en el caso de la planta de Punta Catalina, luego del pago de una indemnización de casi 200 millones de dólares, de los cuales todavía no hemos recibido ni un centavo.

Al Procurador General Jean Alain Rodríguez al parecer se le ha olvidado el antiquísimo proverbio jurídico romano que dice INDUBIO MUTIS, INDUBIO PRO REO, O SEA QUE LA DUDA FAVORECE AL INCULPADO, PUES AHORA LO QUE EXISTE CONTRA LOS ACUSADOS, SON PRESUNCIONES MUY DEBILES, QUE NO PUEDEN SUSTENTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA. Por lo cual el caso terminará, en el mejor de los casos, archivándose.

Las decisiones de las distintas cámaras, salvo que sea ante el pleno completo de la Suprema Corte de Justicia, a menos que las mismas puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, son inexpugnables, y no admiten recursos en su contra, cosa que no deben olvidar ,nuestros jueces o fiscales, sin distinción de rangos o categorías.