Marcha Verde. Una petición descabellada
Un viejo refrán enseña que nadie aprende en cabeza ajena, cuya aplicación consideramos más que justificada en el mal llamado movimiento Marcha Verde, que no es más que una mala copia de organizaciones similares, existentes en países más desarrollados que el nuestro, y cuyo principal objetivo es la defensa del medio ambiente y de los menguantes recursos naturales de nuestro planeta.

Entre nosotros la Marcha Verde, que bien podría considerarse como la mancha verde, porque se trata de una entelequia amorfa, sin pies ni cabeza, quiso atribuirse como su primer logro, la suspensión de la construcción de una planta de cemento en las estribaciones de la reserva natural de Los Haitises, seguido de un movimiento, llamado Las Sombrillas Amarillas, para que se cumpliese la ley, aprobada hacía casi una década, que asignaba a la entonces Secretaría de Educación el 5% del Producto Interno Bruto, que solo vino a hacerse realidad luego de la llegada al poder del actual Presidente, licenciado Danilo Medina, un mandatario comprometido con las mejores causas de la dominicanidad, y ejemplo de trabajo y de dedicación al bien común.

Luego vino la preocupación de Los Verdes por el combate a la impunidad y contra la corrupción, aprovechándose del escándalo levantado a nivel latinoamericano por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que desgraciadamente, al parecer, salpicó a algunos funcionarios oficiales y empresarios privados, cosa que aún está por probarse en nuestra Suprema Corte de Justicia, donde se debate.

Pero queriendo pescar en río revuelto, y al parecer para sacudirse del desencanto que experimentan los cerebros que están detrás de lo que constituye una auténtica conjura, los que dan la cara por la llamada Marcha Verde, como ven que este último caso se está diluyendo, y de seguro terminará engavetado en algún tribunal, los Marchantes Verdes, pues de alguna manera hay que llamarlos, tratan de revivir el asunto, con el atrevimiento de solicitar al Congreso, vía la Cámara de Diputados, donde la oposición al actual gobierno cuenta con una muy leve mayoría, que se someta a un juicio político al Presidente Medina basándose en las supuestas relaciones que este mantuvo durante las campañas electorales del 2012 y 2016, con el publicista brasileño Joao Santana y su esposa Mónica Moura, asociados a la Odebrecht, que nadie ha podido probar.

La petición de enjuiciamiento fue entregada a los diputados Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno, doctor Fidelio Despradel, del movimiento Alianza País, y doctor Fidel Santana, del Frente Amplio, todos enemigos jurados del gobernante Partido de la Liberación Dominicana.

El emisario de los marchantes verdes, Carlos Pimentel solo recibió de los diputados opositores que recibieron el mamarracho de documento, la promesa incierta de que lo estudiarían, para ver si tiene fundamentos, para entonces darle curso.

Olvidan los proponentes de la descabellada petición, que para enjuiciar un mandatario electo, como es el caso del presidente Medina, hay que tener el apoyo de más del 75% de la totalidad de los senadores y diputados, cosa que jamás lograrían ver convertirse en realidad, los marchantes verdes.