Una libertad comprada, fuera de toda duda.-

El país ha sido estremecido hasta sus cimientos en los últimos días por el caso del asesinato de la abogada Anibel González Ureña, ocurrido en San Pedro de Macorís a manos de su esposo el empresario Yasmil Fernández Estévez, dueño de una tienda de electrodomésticos en esa ciudad y por consiguiente un hombre adinerado.

Ya en el 2017 Fernández Estévez le había propinado cinco puñaladas a su esposa González Ureña y la abogada sobrevivió de milagro cosa que no logró esta vez, ya que recibió dos disparos en el tórax y uno en el brazo.

El empresario que por el primer crimen intento de homicidio debió recibir una pena mínima de 20 años por intento de asesinato que era la que le correspondía y no de cinco años que se le impuso el tribunal por simple intento de homicidio.

Cualquier estudiante mediocre de la carrera de derecho conoce la máxima jurídica que dice que “las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no pueden ser derogadas por acuerdos entre los particulares “que fue lo que le permitió al asesino Yasmil Fernández recobrar la libertad cuando había cumplido menos de la mitad de la pena de 5 años que complacientemente le impuso el tribunal de primera instancia, al parecer cumpliendo con el refrán que dice “poderoso caballero es don dinero” por lo cual la juez coordinadora general de violencia de género en la fiscalía de esa ciudad, y el fiscal titular Pedro Núñez han sido puestos bajo arresto y suspendidos de todas sus funciones, en lo que el caso se investiga por orden del Consejo Superior del Ministerio Público.

Los tribunales son la base del progreso y la justicia social, en países como Estados Unidos, Alemania, y Francia, que destinan el 30% del Producto Interno Bruto a un poder judicial inmune a la influencia y la corrupción y no el 4 o el 5% como actualmente sucede en nuestro país.

Casos como este que hemos comentado o el de “Cesar el Abusador” que también está en la palestra pública, allí adonde el juez o el fiscal son inmune a la compra de conciencia, porque de nada vale saber leer y escribir o tener buena salud por que a la hora de ir a los tribunales sabemos que indefectiblemente el que compra la inmunidad no recibirá castigo alguno o uno muy leve, mientras que a los pobres de solemnidad es que les cae encima todo el peso de la ley representado por 30 o 40 años de cárcel, proporción del PIB cosa que estamos tratando de alcanzar por primera vez en la historia.