La transparencia, esa imagen de la pureza que se invoca de manera contingente y en ocasiones festivas, es sin embargo, básica a la hora de juzgar los hechos políticos.

Ser transparente es ser casi todo.

Se asocia la transparencia, frecuentemente, a la demagogia, sin embargo y al perenne intento de confusión.

No hay régimen que se muestre más ortodoxo y apegado a la regla social que aquél que no cumple ninguna, como por ejemplo, la dictadura o aquella corriente autoritaria que se dirige, con riesgo, a serlo efectivamente.

En los últimos tiempos han surgido, sin ánimo vinculante, es decir, sin la obligación taxativa de hacer nada al respecto, organismos que miden nomás la ausencia de transparencia.

Mas no destacan, conduciéndose diplomáticamente, la evidenciada presencia de la turbiedad, a lo mejor para no agitar más de lo debido las aguas políticas internas del país de sesgo acusado pero no juzgado, como es ahora el caso que ocupa estas líneas, la República Dominicana.

Cientos de potes de tinta y toneladas sobre toneladas de papel se han gastado para mostrar la necesidad de transparentar el gasto público, cuestión que es ya asunto corriente en las naciones debidamente institucionalizadas.

Pero, en razón de lo que aconseja toda una tradición la revelación de lo que gastan, apenas parcialmente, los gobiernos en mega y ultra proyectos debe serle arrancada por movimientos formidables de opinión pública, bajo grandes presiones, cuando en realidad es su deber hacerlo como lo más habitual del mundo.

Pese a la chercha, enriquecida con silencios frecuentes y uno que otro organismo decorativo con propósitos atenuantes y meramente, no hay una línea de cristalización del ejercicio público, dominado por el secretismo.

El organismo denominado Budget Partnership dio a conocer en Santiago el corrimiento hacia el rojo estelar de la República Dominicana en la materia.

Aquí, ha concluido el organismo independiente, no se da información conclusiva a los ciudadanos sobre las operaciones económicas que realiza con los dineros que son netamente del pueblo y por tanto éste, más que nadie, tiene derecho a saberlo de manera, incluso, privilegiada.

De haber una sólida e inobjetable transparencia todo quedaría evidenciado, aclarado, decidido y concluido.

La encuesta denominada Presupuesto Abierto 2010 evalúa 94 países del mundo, que tiene más de dos centenares, se realiza de manera cíclica para precisar la clarificación oficial, los manejos financieros del Estado y su posterior rendición pública de cuentas, sometible a debates, como no se ha hecho casi nunca aquí, donde ese hábito es la excepción y debería ser la regla.

En una puntuación de 01 a 100, la República Dominicana se halla en el lugar número catorce en esta operación esencial para conocer mejor el funcionamiento del Estado y del gobierno.

De acuerdo a los representantes del organismo co-gestor de la encuesta, la fundación Solidaridad, representada por Juan Castillo, los resultados son una evidencia de la ausencia señalada en el proceso presupuestario.

Warren Krafnik, director de Budget Partnership, estuvo presente en la presentación del informe y destacó que una transparencia evidente daría acceso a una mejor vigilancia de lo que hace la burocracia oficial con los dineros públicos, el país tendría mejor acceso a crédito, mejores opciones de política y una mejor prestación de política.

Este resultado muestra la ratificación que recibe el abuso el uso inadecuado e ineficiente de los fondos públicos.

Demanda del gobierno las medidas correctivas que den lugar a un presupuesto presupuestario más abierto, más claro y aceptable.