El envío a prisión a una cárcel pública de los militares implicados en la red de corrupción desmantelada a través de la Operación Coral sienta un precedente, que a decir de abogados expertos en la materia, es discriminatorio puesto que rompe con principios y acuerdos establecidos entre el Ministerio Público y los cuerpos armados de la República.

Consultado sobre el particular, el penalista Manuel Sierra Pérez declaró que, si bien es cierto que no es violatorio a la Ley, la decisión de la magistrada Kenya Romero rompe con criterios preestablecidos y con un acuerdo hecho entre la Procuraduría General de la República, que establece el envío a cárceles militares de los miembros de los cuerpos castrenses.

“Ellos (los militares) en ese aspecto no tienen privilegios, sin embargo, la práctica que ha impuesto el mismo Ministerio Público y los jueces en República Dominicana es mandarlo a una cárcel que corresponda a la que pertenece el miembro de la institución”, manifestó Sierra.

Precisó que ha sido el propio Ministerio Público el que ha instituido esa práctica, por lo que romperla ahora constituye un acto de discriminación contra los militares que fueron enviados a prisión por el caso señalado.

Igual opinó el penalista Valentín Medrano, quien dijo que por demás, se trata de una resolución desproporcional, irracional, ilógica, exagerada y populista, dado que sin importar la cantidad de tiempo que se les imponga a los imputados, la decisión tiene que ser revisada de forma obligatoria cada tres meses.

“De nada sirve que a un imputado le impongan 18 meses de prisión, si esa medida tiene que ser revisada de manera obligatoria cada tres meses, según lo dispone el Código Procesal Penal”, indicó Medrano.

En el caso de la citada red de corrupción dijo que se ha impuesto la medida más gravosa de la normativa penal de la República Dominicana.

Para el abogado Medrano, la resolución de medida de coerción de la magistrada Kenya Romero, no es buena dado que, según dijo, se ha premiado el principio de presunción de inocencia, mandando a un confeso delincuente a su casa y privando de su libertad a personas que se dicen inocentes.

La juez Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva al mayor general Adams Cáceres, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina; al igual que al coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza y al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Dichos militares fueron enviados a la cárcel de Najayo y no a una cárcel militar, como se hacía anteriormente.

Los demás enviados con igual pena a la cárcel de Najayo fueron los civiles, pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, mientras que al mayor Raúl Girón Jiménez le impusieron prisión domiciliaria.

Los civiles permanecían esta mañana presos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y los militares en cárceles militares.