A pesar del ruido mediático que ha provocado, tal parece que al Ministerio Público se le ha dificultado encontrar elementos sólidos para sustentar la acusación contra tres exministros y otros implicados en el denominado caso Calamar.
Tras dejar vencer el plazo para presentar acusación por supuesto desfalco contra Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, entre otros, un juez de instrucción dio 10 días a los fiscales para que cumplan con el trámite.
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De no obtemperarse el emplazamiento entonces se declarará extinguida la acción, conforme al artículo 151 del Código Penal.
El caso por el que se acusa a los exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia de una supuesta estafa al Estado por más de 19 mil millones de pesos, había sido declarado complejo a petición del Ministerio Público.
Una de las principales razones sobre la extinción de la acción penal sería la ausencia de pruebas contundentes contra los acusados.
No hay que dar muchas vueltas para concluir que la posibilidad de que colapse compromete, en el mejor de los casos, la responsabilidad del Ministerio Público con un proceso más mediático que jurídico.
