Al hablar de falta de equidad en la distribución de los recursos, en la frase enarbolada por el obispo de San Francisco de Macorís podría estar la clave para aplacar o al menos reducir a su mínima expresión las tensiones sociales que últimamente han caldeado la atmósfera.

Si no quiere escuchar el latir de las comunidades que se han levantado en reclamo de carreteras, calles y mejores condiciones de vida, el Gobierno puede prestar atención a consejos tan sanos y con mucho sentido como el de monseñor Jesús María de Jesús Moya en torno a la redistribución de los recursos públicos.

Por más carácter político que se les quiera atribuir a protestas que se han esparcido por diferentes puntos de la geografía, no se puede negar, y de hecho las propias autoridades lo han reconocido, que el costo de la vida se ha encarecido en forma alarmante, incluso en contraste con las propias estadísticas oficiales.

Con la caída de las recaudaciones puede alegarse que las finanzas no están en su mejor momento. Y desde ese punto de vista es cierto. Pero ha de tomarse en cuenta que el colapso de los precios del petróleo también ha implicado una sustancial disminución de los gastos.

La falta de proporción en la distribución de los recursos públicos de que habló el obispo De Jesús Moya es una realidad que se verifica en muchos aspectos. De ahí que sería más saludable que el Gobierno rediseñara algún plan para priorizar el gasto conforme a las necesidades de las comunidades.

El religioso dice que hay desequilibrio en el manejo de los recursos del Gobierno con relación a las zonas más apartadas en cuanto a las obras que se ejecutan. Pero en ese sentido se ha quedado corto, pues las protestas han evidenciado que ni siquiera lugares cercanos son tomados en cuenta.

En lo que sí atinó en un ciento por ciento fue en las sucesivas promesas incumplidas como caldo de cultivo de las protestas. Porque es una verdad de a puño que los funcionarios, como observó, prometen construir carreteras, puentes, acueductos, escuelas, normalizar el servicio eléctrico y otras obras, teniendo las comunidades que esperar meses y años para que se ejecuten.

Presionado por los movimientos sociales, el Gobierno se ha comprometido e incluso ha iniciado varias obras en diferentes comunidades. Pero ha procedido sin contar con ningún plan y sin siquiera determinar si se trata de las necesidades más sentidas de una población.

En materia de justificarse y defenderse, los gobiernos saben cómo hacerlo con la mayor eficacia. Pero en la equidad en la distribución de los recursos puede estar la clave para bajar la tensión social y emocional que de alguna forma ha acentuado la crisis financiera internacional.