Como país pobre que somos, la religión luce ser algo ineludible que no podrá ser erradicado en el corto plazo. Sin embargo, las manifestaciones públicas recientes de los religiosos ocurridas respecto de la campaña de educación sexual de Profamilia y el nombramiento de un embajador gay por parte de los Estados Unidos, así como su clara incidencia y lobby en las modificaciones del Código Penal y la Constitución, hacen la necesidad de mitigar la relevancia de las religiones en lo social y político algo mucho más urgente para el país.

La religión tiende a prosperar y tener relevancia en las decisiones sociales y políticas de los Estados en aquellos países donde la calidad de la educación es baja y los niveles de pobreza son altos. Para la República Dominicana las perspectivas de que tanto en educación como en desarrollo lleguemos a un punto que pudiera considerarse adecuado para que ocurra esto, sigue luciendo a muy largo plazo.

Problemas como los embarazos adolescentes, la alta mortandad materna o la exclusión y discriminación social son reales en la República Dominicana, y estos están derivando en problemas mayores como la violencia intrafamiliar, el desempleo, baja productividad y el aumento de la criminalidad. Sin embargo, las religiones se están erigiendo como el mayor obstáculo para implementar las medidas más efectivas para enfrentar dichos problemas, apoyándose de su supuesto poder político para manipular la toma de decisiones del Estado.

No sería ni justo ni necesario censurar a los religiosos o sus representantes, quienes deben gozar siempre de libertad de expresión plena. Pero una secularización profunda de los actos del mismo Estado podría servir de paso positivo para mitigar su capacidad de obstaculizar políticamente las decisiones puramente estatales.

Eliminar las misas o bendiciones en actos oficiales, prohibir la alusión a misticismos religiosos en documentos oficiales, limitar los eventos religiosos a los que funcionarios de los Poderes del Estado puedan asistir revestidos de esas calidades, etc. adicionalmente se debe erradicar de pleno la educación religiosa en las escuelas públicas, y aplicar una compensación de horas en clases de ciencias por cada hora de clases religiosas impartidas en las escuelas privadas.

Crear un organismo supervisor de las asociaciones sin fines de lucro y modificar la Ley 122-05, para establecer reportes de estados que transparenten los gastos e ingresos de las asociaciones de ese tipo que perciban recursos del Estado, haciendo extensiva dicha regulación a la Iglesia Católica.

Estas, entre otras medidas, pudieran resultar de mucha utilidad para en el mediano plazo reducir la capacidad de maniobra política de las religiones en la República Dominicana, y derribar uno de los obstáculos más importantes para la implementación de soluciones efectivas para muchos de nuestros problemas sociales más crónicos.

Ya erradicar por completo el virus religioso en nuestra sociedad pudiera ser una batalla mucho más complicada y a largo plazo. Pero tengo alta seguridad de que en algunas generaciones de dominicanos más hacia delante, eso será una realidad.