El pasado 16 de agosto, el presidente Medina prometió asignar el 4% del PIB para la educación dentro del Presupuesto 2013. Posiblemente ascendiendo a un costo mayor de $90,000 millones de pesos, cumplir con esa promesa obliga a producir reformas amplias y drásticas en el corto plazo. De aplicarse el 4% para la educación, en el 2013 cerca del 80% del Presupuesto estaría comprometido a educación, salud, subsidio eléctrico, recapitalización del Banco Central y servicio de la deuda externa. Lo que resta no es suficiente para sostener los demás servicios que por el momento el Estado se obliga a prestar.

El fraccionamiento de las funciones del Ministerio de Educación propuesto por el Presidente, pudiera facilitar la colocación de fondos originalmente dirigidos a entes como el Ministerio de Obras Públicas y los comedores económicos, bajo la partida de Educación. Pero esto probaría no ser suficiente para alcanzar el 4%.

Con el propósito de lograr la promesa del presidente Medina, el Estado deberá producir una reforma fiscal que busque incrementar las recaudaciones entre un 4% y 5% del PIB, un tercio adicional sobre lo que se recauda. Una reforma de esa magnitud en tan corto plazo, tendría efectos negativos sobre una economía desacelerada por factores internacionales que seguirán incidiendo en el mediano plazo, y no sería suficiente para preservar la sostenibilidad fiscal en caso de aplicar el 4% en la educación.

Adicionalmente, el presidente deberá promover una reforma estructural para reducir el gasto público, algo para lo que ha mostrado voluntad, aunque quizás no con la suficiente drasticidad que sus promesas lo ameritarían. La extensión de funciones de algunos ministerios es un paso en la vía correcta, pero tendrá que ser más ambicioso. Pudiera crear un Ministerio de Transporte que aglutine las funciones de la OTTT, la DGTT, la OMSA, la AMET y la oficina del Metro, un Ministerio Social que asuma las funciones del Ministerio de la Mujer, Juventud, INESPRE y el Gabinete Social, entre otros.

Esto va a requerir la aprobación legislativa, lo que obligaría al Estado a recurrir a la venta de activos de su propiedad (incluyendo empresas) para ganar tiempo.

La promesa del 4% para la educación será determinante en el futuro de la administración de Medina. Tengo mis reservas sobre la viabilidad a tan corto plazo, pero no lo considero imposible. El problema de dicho reclamo no se limita a los costos económicos, también incluye costos políticos notorios en áreas no tan evidentes que se encuentran dispersas en el Presupuesto de la Nación. Nuestro presidente se ha comprometido a asumirlos. Yo le deseo éxito, aunque tampoco le juzgaría si aproximado el 2013 decide prorrogarlo.