En víspera de la reunión que sostendrá el presidente Danilo Medina con la misión del Fondo Monetario Internacional para precisar el tipo de acuerdo que se concertaría con ese gendarme, se menciona revisar 35 leyes de exenciones y exoneraciones, cuya derogación ayudaría a disminuir el abultado déficit fiscal, principal razón por la que se ha pedido la intervención del FMI.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Marino Collante, cree que la revisión de esos estatutos ayudaría también a disminuir el impacto negativo que podría generar en los sectores de menor ingreso una reforma fiscal de diseño e implementación obligatoria.

Sin emitir juicio de valor sobre la pertinencia o no de esas leyes en la promoción de la mentada competitividad empresarial, se considera saludable que todas las opciones posibles sean puestas sobre la mesa al momento de discutir sobre reforma tributaria, máxime si el mentado gasto tributario asciende a 118 mil millones de pesos al año, equivalente al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Mucho se menciona la idea de ampliar la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itebis) como remedio infalible para reducir el déficit fiscal, pero los promotores de esta fórmula olvidan que el 65 por ciento de los empleados públicos y privados percibe salarios de diez mil pesos mensuales por lo que no están en capacidad de resistir carestía en la canasta familiar.

En estos tiempos cuando se reclama una gestión pública transparente, es menester que el Estado fiscalice el uso y provecho de las transferencias que realiza para promover competitividad del sector privado y establezca además si tales contribuciones con dinero público han cumplido con su objetivo y, por tanto, deben cesar.

Un posible acuerdo con el FMI no debería, no esta vez, sustentarse en la inequidad o pretender que todo el peso del sacrificio fiscal recaiga sobre clase media y consumidores. El promedio de un 7.2 por ciento de crecimiento del PIB en los últimos ocho años ha sido rentabilidad mal distribuida, por lo que ahora se requiere que la carga del déficit fiscal se distribuya conforme a esa realidad para que los sectores más beneficiados ofrezcan hoy un diezmo mayor.

Conviene, pues, revisar todas las leyes de exenciones y exoneraciones, evaluar los beneficios que han producido al sector productivo y a la sociedad toda y determinar si es pertinente o no mantenerlas vigentes o si esos recursos deben ir a la canasta del bien común.

El presidente Medina tiene la difícil misión histórica de multiplicar y distribuir panes y peces; pero sólo Jesús, con el auxilio del Padre celestial, pudo hacerlo a partir de la unción divina, por lo que el mandatario está compelido a identificar las disponibilidades financieras a las que podrían recurrirse para disminuir el déficit fiscal, sin excluir escribas ni fariseos.