El caso de la adolescente Rosaura Almonte Hernández (Esperancita), quien murió en 2012 al negársele tratamiento médico para evitar un aborto terapéutico, ha vuelto a la palestra al ser admitido para fines de investigación por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Aunque las autoridades suelen ignorarlos, esos procesos afectan mucho la imagen del país, sobre todo en lo concerniente al sistema judicial. Esperanza Hernández, la madre de la muchacha, encontró apoyo en la organización Women’s Link Worldwide para que la representara en un proceso que está decidido a llevar hasta las últimas circunstancias.

El ruido mediático suele caracterizar esos procesos, que siempre involucran a grupos defensores de los derechos humanos de diferentes países.

Al país no le ha ido bien en otros casos que se han ventilado ante la CIDH y las circunstancias indican que por falta de investigación con el de Esperancita podría correr la misma suerte.

Se asume que ninguna mujer debe morir por causas asociadas con el embarazo. Las autoridades tienen por lo menos que prepararse.