Nuestra historia republicana ha estado plagada de duros momentos y de grandes frustraciones, pero ninguno superado por este que, Dios mediante, llega a su fin el 16 de agosto del 2020. Marcado por una interminable cadena de escándalos de corrupción, un endeudamiento que supera el 53% de PBI y una voracidad fiscal que amenaza seriamente el aparato productivo.
Y decimos poco. La negación de justicia por parte del Presidente es muy perturbador. Los tres poderes deben ser respetados para que haya paz.
Ejecutivo no explicar el uso de fondos públicos para fines no contemplados en la Ley de Presupuesto.
La repuesta a esta situación no puede ser otra más que sustituir la presente estructura de poder anquilosada desde hace veintidós años, con el interregno de cuatro.
Conocidas las causas que nos condujeron hasta aquí, es probable tener un perfil del tipo de liderazgo capaz de hacer los cambios que urgentemente demanda esta sociedad. Se nos ocurre, antes que nada, sin vínculos ni compromisos con el actual gobierno, con un alto sentido de responsabilidad y coraje para enfrentar los males dejados por la presente administración, que lo ha dañado todo. Los cambios parciales o graduales suelen estancar los procesos.
Restablecer las calidades e independencia de los poderes del Estado, hoy secuestrados por el presidente Medina, debe ser el primer compromiso del próximo Presidente al momento de jurar como jefe del Estado. Devolver la confianza a una población desprotegida y amenazada, resultado de la inseguridad y la impunidad.
El trecho es largo y angosto. La tasa de desempleo juvenil se sitúa en un 29.4 %, la más alta de América Latina. El salario mínimo es el que menos cobertura tiene en la región: apenas un tercio de la canasta familiar. El costo de la vida es insostenible. A todo esto, el Ejecutivo dispone de cuantiosos fondos para pagar asesores sin rendir cuentas.
Luis Abinader ha propuesto reformas para corregir tales distorsiones, y para combatir la desconfianza generada por el PLD. En ese orden, promete realizar y publicar auditorías a las instituciones públicas, sin excepción, reconociendo y reforzando la autoridad de la Cámara de Cuentas en ese sentido.
En más de una ocasión el líder del PRM ha hecho énfasis sobre la necesidad de respetar el mandato constitucional que otorga total independencia a los tres poderes del Estado.

