Hace unos días, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, anunció que mas adelante se reuniría con los síndicos municipales, con el propósito de mancomunar ideas en lo referente a la solución de muchos de los problemas que afectan el desenvolvimiento de la vida de distintas comunidades del país.

Las relaciones Estado-Municipios, han sido muy incidentadas en los últimos años. La lucha por un aumento porcentual del Presupuesto de la Nación y el uso poco transparente de los recursos que reciben, ha ido levantando una muralla, cada vez más pronunciada, entre el Gobierno Central y los gobiernos municipales.

Descentralizar las funciones del Estado, es una vieja aspiración de la mayoría de los dominicanos. No puede haber una democracia funcional, en la cual, todos los problemas de la nación dependan de la voluntad de un solo órgano o de un solo ciudadano.

Por eso la trascendencia del Poder Municipal.

Muy a pesar de la inoperancia de los ayuntamientos municipales, y de la mayoría de los organismos descentralizados, de ninguna manera debemos retroceder, sino que, por el contrario, el reto es trabajar incansablemente, hasta lograr que los municipios y todos los otros organismos comiencen a cumplir su rol en beneficio de nuestra nación.

El doctor Fernández, con su iniciativa, parece haber advertido la necesidad de unir esfuerzos y conjugar voluntades, en medio de las urgencias que tiene el país, y más que el país, el mundo de nuestros días. Echando a un lado las diferencias partidarias y anteponiendo el interés general, hay que extraer el mayor provecho del encuentro entre el Jefe del Estado y los ejecutivos municipales.

Las funciones de los Ayuntamientos están prescritas en la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, una ley del 17 de julio del año 2007. Conforme a esta disposición, la limpieza y la higiene de los municipios es una de las tantas responsabilidades que pesan sobre estos organismos. Reducir las obligaciones municipales a la recogida de desperdicios sólidos, es minimizar la competencia de los gobiernos locales, que es la Jerarquía que les concede la Ley.

El artículo 2 de la preindicada legislación, consigna que los ayuntamientos gozan de autonomía política, fiscal, administrativa y funcional. Y el artículo 4 expresa que, las competencias de los ayuntamientos recaerán sobre todos los ámbitos de la administración pública, exceptuando aquéllas que la Constitución reserve para la administración central.

El artículo 6, literal c, agrega: El Ayuntamiento es el ente de la Administración Pública más cercano a la población, y el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado.

Hemos perdido demasiado tiempo en las rebatiñas sectarias. Los recursos que maneja el Gobierno Central, y los que manejan los municipios, pertenecen a la población, y justo es que se le devuelvan sin dilaciones, en obras y servicios.

¡Enhorabuena!